La visita de Pablo Iglesias a los políticos encarcelados en Lladoners y la posterior conversación telefónica con Carles Puigdemont tiene el valor de poner en evidencia el estado de excepción que vive Catalunya.

Las cosas son como son y no como a algunos les gustaría que fueran. Hoy el poder en Catalunya está en la cárcel o en el exilio y bien en las prisiones o desde Waterloo es donde se mueven unos hilos de la política catalana. Los ciudadanos votaron y -para desgracia de los constitucionalistas- son fieles al resultado de las urnas, por mucho que los tribunales traten de impedirlo y que los numerosos recursos catalanes al Tribunal Constitucional almacenen polvo como forma de impedir que se acuda a tribunales europeos que -dado los precedentes- pueden dejar en mal lugar a la justicia española.

Pero volvamos a la actividad del dirigente de Podemos. Por una parte reconoce públicamente que en España son los presos y exiliados políticos con los que hay que negociar. Y no sólo por la coyuntura que marca la votación de los presupuestos, si no por que estos presos y exiliados son los cabezas de turco que sufren en su piel por los resultados de una voluntad popular expresada en condiciones atípicas en las urnas. Ni las mayorías absolutas que alguna vez disfrutaron el PSOE y el PP habían tenido tanto apoyo como el casi cincuenta por ciento que obtuvieron las fuerzas nacionalistas.

Por otra parte cada vez hay más voces que se escandalizan por las acusaciones que se hacen a los políticos represaliados y la interesada lectura que los informes policiales y judiciales hacen de lo que sucedió en Catalunya y que parece no ser otra cosa que la segunda parte de aquella operación Catalunya por la que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz se fue de rositas.

Entretanto numerosos políticos y medios de comunicación han servido de altavoces de condenar anticipadamente a los justiciables con graves calificativos como de haber intentado dar un golpe de estado o compararlos con los terroristas de ETA, entre otras lindezas. Y ahora se rasgan las vestiduras por que los presupuestos del Estado se negocian en la cárcel y en el exilio, sin atreverse a reconocer que es donde está el poder político en Catalunya.

Y si la democracia española pone en la cárcel o manda al exilio a sus representantes, parece lógico que sea allí donde se negocie. Quizás el escándalo no es que se negocie en la cárcel si no el por qué están en la cárcel.