Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas se reunirán el 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la sentencia por la que el 18 de octubre la Sección 2ª de esta Sala acordó que sean los bancos los que paguen este tributo.

El 19 de octubre, en una decisión insólita, el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo, frenaba la sentencia, paralizaba los recursos pendientes sobre esta cuestión, y apelaba al Pleno. La decisión se justifica en el «giro radical» en la jurisprudencia y en la «enorme repercusión económica y social» del fallo que atribuía el pago de dicho impuesto a los bancos, por ser los interesados en la operación.

Tras la reunión celebrada el 22 de octubre entre el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el vicepresidente, Ángel Juanes, los integrantes de la sección de la Sala que firman la sentencia y el presidente de la Sala Tercera, el primero ha emitido una nota en la que explica que la avocación a Pleno del primero de los recursos que hay pendientes sobre este asunto forma parte de las atribuciones del presidente de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo «siempre que lo estime necesario para la administración de justicia», sin perjuicio de las facultades de los 31 magistrados que lo integran «para resolver lo que en derecho proceda».

Carlos Lesmes precisa que la sentencia del jueves «es firme y no susceptible de revisión» por el pleno de la Sala Tercera, por lo que produce ya «plenos efectos» respecto a la nulidad del artículo del reglamento que establecía que el Impuesto de Actos Jurídicos documentados tiene que pagarlo el cliente que firma la hipoteca.

En el pleno del 5 de noviembre no se revisará, por tanto, esa sentencia, sino la decisión de que sea el banco el que tenga que pagar el impuesto Lesmes respalda la actuación de los seis magistrados que suscribieron la sentencia (cinco a favor de que fuera el banco el que pagara el impuesto y uno en contra), porque actuaron «con plena lealtad» al Supremo, así como «con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso».

Las reacciones a esta decisión de convocar el pleno para el 5 de noviembre para aclarar quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas, después de la sentencia que fija que es la banca quien debe sufragar este impuesto, no se han hecho esperar.

Réplicas judiciales

La asociación Juezas y Jueces por la Democracia, de tendencia progresista y a la que pertenece el ponente de la sentencia, Jes´ñus Cudero,, ha pedido la dimisión del presidente de la Sala como «único y exclusivo responsable» de «una nefasta gestión» que ha generado alarma social, «ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces».

La Asociación Judicial Francisco de Victoria, de talante conservador,exige a Díez-Picazo «motivación y claridad» en sus actuaciones.

Una situación que «abochorna»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, es una cuestión que «preocupa y abochorna» y que deja la credibilidad de la justicia del país «bajo mínimos». Y llega a poner en duda la independencia de los tribunales tras la «llamada telefónica de los poderes fácticos del país», en referencia a la banca.

La decisión de convocar una sesión plenaria para analizar la sentencia del Tribunal Supremo «abochorna», ya que deriva en un sistema pensado para los poderes y no para los ciudadanos. «Esto es demasiado gordo», insiste Álvarez, que hace un llamamiento a lpensar en la mayoría de los ciudadanos y no en los bancos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que el Supremo traslada una sensación de «chapuza nacional» que deja entrever que la justicia se mueve por los intereses de parte en una imagen que este país «no se merece». Exige al Supremo que rectifique y recuerda que si hay una sentencia, hay que cumplirla.