El control de los costes energéticos, especialmente los eléctricos en donde la regulación nacional tiene más capacidad para influir, ha sido y es una de las reivindicaciones de la industria siderúrgica, metalúrgica o química ante los Gobiernos. El argumento básico que utilizan las empresas de alto consumo eléctrico es que tienen dificultades para competir en los mercados internacionales y nacionales frente a compañías de cercano entorno que cuentan con costes menores.

El sistema de interrumpibilidad, que permite a las citadas empresas beneficiarse de descuentos, ha sido hasta ahora un método para disminuir la factura eléctrica que, con críticas, ha funcionado. Las empresas, entre ellas las que están agrupadas en Aege, reclaman cambios más profundos para incidir en las retribuciones y en los precios que se fijan en el mercado de generación.

Si bien ahora la urgencia para introducir modificaciones viene de la mano del anuncio de la multinacional Alcoa del cierre de dos de sus tres factorías. El grupo estadounidense no ha dado ni un solo paso atrás desde entonces y ha presentado los expedientes de regulación de empleo para la extinción de los contratos de las factorías de Avilés y La Coruña para cerca de 700 personas.

En paralelo las empresas que pueden acogerse a la interrumpibilidad esperan la convocatoria de la subastas para el primer semestre de 2019, a la que la dirección de Alcoa podría únicamente acudir para el suministro de factoría de Lugo. Si esa es la decisión de la multinacional, el problema se trasladaría a los posibles candidatos a comprar alguna de las factorías, que quedarían irremediablemente obsoletas. En medios empresariales se ha destacado el grupo Klesch Group (con sede en Suiza que controlado por el millonario estadounidense Gary Klesch), podría estar interesado en alguna planta.

En este contexto, las titulares del Ministerio de Industria, Reyes Maroto  y de Energía, Teresa Ribera, intentan, además de revisar el actual modelo, ganar tiempo. Maroto manifestó el pasado martes que el expediente , ha afirmado este martes que el Gobierno está analizando el ERE para recurrirlo ante posibles errores.