El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que el Consejo de Ministros aprobará el 8 de noviembre una reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, vía Real decreto ley, para que, a partir de ahora, sean los bancos, y no los clientes, los que lo abonen en las hipotecas.

Es la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo, adoptada por dos votos de diferencia en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de mantener la tesis, vigente durante 23 años, de que el sujeto pasivo es el cliente, y no los bancos, y por tanto debe ser él quien corra con el abono del impuesto, en contradicción con tres sentencias adoptadas el 18 de ocubre por sus magistrados.

Pedro Sánchez cree que este cambio normativo no encarecerá las hipotecas porque «el mercado es bastante competitivo, hay bastante oferta, no solo en España sino también en la Unión Europea». El presidente del Gobierno apela a la responsabilidad de la banca porque «es evidente que se abre un debate en torno a si hay cláusulas abusivas» en las hipotecas.

Antes de conocerse la resolución definitiva del Supremo la banca ya había advertido de que en el escenario de tener que asumir el pago del tributo iba a repercutir ese coste en el cliente, lo que encarecerá las hipotecas. No obstante, ese encarecimiento dependerá de «las dinámicas competitivas» del mercado hipotecario.

Se trata un tributo obligatorio que gestionan las comunidades autónomas y que oscila entre el 0,5% y 1,5% del valor de la responsabilidad hipotecaria. Supone el grueso de los gastos derivados de la escritura hipotecaria, y para una hipoteca media equivalen a unos 2.000 euros.

«Las leyes no son claras», replica el Supremo

El Gobierno reacciona no sólo a las críticas generalizadas a la decisión del Supremo, desactivando también la manifestación convocada por Unidos Podemos el sábado 10 de noviembre ante la sede del Tribunal. Hace caso también al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que horas antes de la comparecencia pública de Pedro Sánchez pedía al Gobierno una reforma de la legislación hipotecaria para «clarificar» quién debe pagar el impuesto sobre las hipotecas, ya que «se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras».

«Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad, porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria», argumenta Lesmes.

El presidente del Tribunal Supremo defiende que «la postura de todos los magistrados es plenamente legítima»,  tanto los 13 que votaron a favor de que el impuesto lo pague el banco como los 15 que hicieron que lo siga abonando el cliente.  «Todos actuaron con absoluta libertad e independencia de criterio» para tratar de «resolver una cuestión controvertida», y la forma de hacerlo en el Tribunal Supremo es «votando». «Son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y, por tanto, de nuestra propia democracia», explica Lesmes, que precisa que «las decisiones de los jueces están sujetas al escrutinio de la opinión pública y, por tanto, de la crítica, que nosotros aceptamos».