Algunas comparaciones pueden parecer odiosas, sobre todo cuando revelan el mal uso o el abuso del dinero público por mor de unas leyes injustas. Y conste que no me refiero al coste del Senado, ese cementerio de elefantes al que todavía votan las hectáreas, un lujo de muy escasa utilidad cuyo gasto anual casi triplica los 30 millones de euros que la administración general dedica a atender a los inmigrantes. Me refiero al hecho de que varios miles de empleados de las escalas superiores de las administraciones públicas perciban unos conceptos retributivos llamados “trienios” que al cabo de dieciocho o veintiún años, según los casos, superan de largo la pensiones de jubilación que tenemos en España.

Con los datos y explicaciones remitidas por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a la diputada vasca de Marian Beitialarrangoitia podemos ver que los pensionistas reciben una paga media que no llega a los mil euros al mes. Es un gran avance si tenemos en cuenta que hace apenas una década la reivindicación principal de los pensionistas a través de los sindicatos y la izquierda política era la igualación de la paga al salario mínimo interprofesional. La nómina de septiembre de los 9.638.029 pensionistas fue de 9.217.962.851,58 euros, según la mencionada respuesta. Es verdad que los 6.934.695 jubilados que han cotizado por el régimen general de la Seguridad Social salen, en términos brutos, algo mejor parados que el conjunto, pues perciben 7.312.843.981,83 euros. Los jubilados del régimen especial de autónomo (que incluye a los agricultores) son 1.958.793 y sus nóminas suman 1.298.552.549,62 euros mensuales, o sea, que en promedio andan por debajo de los 700 euros mensuales.

Con una paga ligeramente mejor sobreviven los 126.188 trabajadores del mar jubilados, cuyas nóminas supusieron 124.865.714,89 euros el último mes, algo más de los 122 millones para los 311.699 pensionistas pobres de solemnidad que no han podido cotizar y reciben los 350 euros del antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI). Con los 64.934 jubilados de la minería del carbón, los 36.356 retirados por enfermedades profesionales y los 205.364 trabajadores que han sufrido accidentes laborales, el número de perceptores del sistema de solidaridad social alcanzó esas 9.638.029 personas y supuso esos 9.217.962.851,58 euros antes mencionados, es decir, un promedio de 950 euros brutos al mes por pensionista.

Y es aquí, al hilo de la candente actualidad donde vale establecer la odiosa comparación y preguntarse por qué tantos altos funcionarios, desde jueces y magistrados a oficiales militares, catedráticos y abogados del Estado, pasando por inspectores de Hacienda, técnicos comerciales y economistas del Estado y toda una laya de empleados de las administraciones publicas encuadrados en las categorías principales, mayormente de la clase A, perciben unos trienios salariales que en miles de casos superan la pensión media, en cientos la duplican y en algunos llegan a triplicarla sin  haberse dedicado apenas a la función pública, pues en el sector privado ganaban más dinero.

Hay casos como el exministro y actual comisario europeo Miguel Arias Cañete que sin haber ocupado más de tres años su puesto de abogado del Estado cobra unos 20.000 euros al año en concepto de trienios. Los exministros Eduardo Serra e Iñigo Méndez de Vigo le van a la par. De la misma ventaja se beneficiaba, por ejemplo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante sus años en la política, se sigue beneficiando Maria Dolores de Cospedal y al menos una veintena de diputados del PP. Una hojeada a las declaraciones de bienes y rentas de sus señorías permite afirmar que más de cincuenta cobran dos salarios públicos, con flagrante incumplimiento de la ley que lo prohíbe. ¿Qué clase de legisladores son esos? Ninguno ha renunciado a ese concepto retributivo de los “trienios”, que por alguna razón tan inconfesable como insólita es imperecedero.

Las administraciones públicas siguen pagando a cargo de nuestros impuestos unas retribuciones inmerecidas a unos señores y señoras, sean diplomáticos, jueces, letrados…, que un día aprobaron una oposición y a continuación dedicaron su vida profesional al sector privado o a otros menesteres ajenos al servicio público. Para evitar la burla al pueblo soberano (y la injusticia y el agravio a los jubilados) bastaría con modificar la norma, eliminar la contabilización de trienios a quienes no ocupan el correspondiente puesto de trabajo y eliminar el gasto en jetas. Cierto es que si no lo hicieron cuando infligieron los mayores y peores recortes selectivos contra los más débiles y congelaron el sueldo a los funcionarios, no cabe esperar que, por decencia, lo vayan a ejecutar ahora. Nadie es hipócrita en sus placeres, y los legisladores menos.