El Gobierno ha aprobado este jueves un real decreto ley, que modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que sean los bancos quienes paguen este impuesto en la suscripción de hipotecas, y no los clientes como hasta ahora y como así determinó el Tribunal Supremo tras dos días de deliberación.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, indicó que con este real decreto, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno afirma «con toda contundencia y toda claridad» que este impuesto lo pagará el banco.

Según afirmó, antes de producirse la «controvertida» sentencia del Supremo, que modificó a su vez su propia jurisprudencia en otra sentencia de mediados de octubre que obligaba a pagar a los bancos, el Gobierno ya había trasladado su interés de cumplir con su capacidad ejecutiva en defensa del interés general y en coordinación con las comunidades autónomas.

«El Gobierno muestra una vez más su responsabilidad y la rapidez en su actuación y en el momento de estar junto a la resolución de problemas de los ciudadanos, ya que es un tema que afecta a millones de personas (…). El Gobierno ha demostrado su responsabilidad y su rapidez en su respuesta actuando en 24 horas», subrayó la ministra.

Cambio de la Ley de Sociedades

Al mismo tiempo, el Gobierno cambiará la Ley de Sociedades para impedir que la banca se deduzca el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica que introducirán un párrafo dentro del artículo 29 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca quien lo pague, y modificará el artículo 25 de la norma de Impuestos de Sociedades para que ese coste sea «no deducible».

La medida tendrá un coste para la banca de 1.100 millones, según algunas estimaciones. Estos cálculos están basados en ejercicios anteriores, en base a la recaudación de cada comunidad autónoma junto con las estadísticas de hipotecas cerradas. No es un cálculo sencillo, ya que al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se le aplican multitud de deducciones y bonificaciones desde las diferentes autonomías.

Tramitación de urgencia de la Ley de Crédito Inmobiliario

El Consejo de Ministros ha declarado de urgencia la tramitación parlamentaria en el Senado del proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, conocido como Ley hipotecaria, con lo que llegará a la Cámara Alta en 20 días naturales.

La norma transpone una Directiva europea de 2014 y  está actualmente tramitándose en el Congreso.

La portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, explica que el Gobierno «no quiere pagar más multas» por el retraso en la transposición de normas europeas, por lo que está haciendo «un esfuerzo importante y significativo».

Por ello, el Gobierno ha solicitado la tramitación de urgencia de este proyecto de ley por el que se endurecen los requisitos que deben cumplirse para el inicio de la ejecución del préstamo, se prohíben con carácter general las ventas vinculadas a las entidades de crédito y se modifica la política retributiva de los prestamistas, entre otros aspectos.

De esta manera, el plazo para que el proyecto aprobado hace un año por el anterior Gobierno pase del Congreso al Senado se reduce desde los dos meses hasta los 20 días naturales.