El abogado Ramón Casero, que defiende a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (Madrid) en el caso del impuesto de las hipotecas, va a plantear ante el Supremo un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia en la que los magistrados han fallado a favor de la banca en el pago de la tasa de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

El Supremo terminó dando la razón a la banca sobre quién debe pagar el impuesto pese a que el 18 de octubre unas sentencias de magistrados de este tribunal determinaraque debía ser abonado por los bancos, y no por los clientes.

Esas sentencias responde a un pleito entre la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas y la Comunidad de Madrid, que había impuesto a la EMV el abono de este impuesto, considerando que las viviendas adquiridas por la misma superaban el tamaño que las tipificaba como VPO.

A la espera de conocer el contenido de la sentencia definitiva del Supremo, Casero quiere plantear un incidente de nulidad de actuaciones apoyado en alguna «irregularidad formal», como que el Pleno no convocó a las partes, entre otras cuestiones.

«El ciudadano no tiene que saber si hay secciones o salas en el Supremo. Ese es el Tribunal Supremo. Y esa sentencia da lugar a una falta de credibilidad en las instituciones del Estado. Rompe la confianza en la Justicia», argumenta.

En el caso de que se desestime el incidente de nulidad, el letrado acudirá en amparo al Tribunal Constitucional en base a los mismo motivos sobre los que sustentará el incidente y por vulneración de derechos fundamentales. Y no descarta llevar el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y al de Derechos Humanos.

Para Casero, la decisión del Supremo es un «rescate judicial para blindar el negocio de los bancos» y que con ella se asegura la  «impunidad» de éstos. Y anuncia que Rivas agotará todas las instancias judiciales españolas y europeas competentes para revertir la decisión del Supremo.