El Gobierno catalán rechaza indemnizar a Acciona por los daños y perjuicios causados por la rescisión del contrato de gestión de Aguas Ter Llobregat (ATLL), la compañía que abastece de agua a 4,5 millones de habitantes de la región metropolitana de Barcelona, que está previsto se materialice a comienzos del próximo año y, en cambio, reclama a la empresa 38,42 millones.

Así lo ha concluido la comisión de apoyo a la liquidación del contrato constituida por la Generalitat, al considerar que la indemnización «solo podría ser aplicable si una de las partes hubiera sido declarada culpable, cosa que no se ha producido».

La constructora calculó recientemente en 1.074 millones el importe que le corresponde por la conclusión anticipada de la concesión. Este importe resulta de sumar a los 305 millones ya estimados por la anulación del contrato los 769 millones calculados en concepto de daños y perjuicios a partir de los «informes periciales» encargados por la empresa.

Por contra, la comisión de la Generalitat, no solo reconoce esta indemnización, sino que reclama los referidos 38,42 millones. El grupo tiene a partir de ahora diez días de plazo para alegar.

La comisión que ha llegado a esta conclusión está integrada por representantes de las consejerías de Territorio y Sostenibilidad y de Economía y Hacienda, del Gabinete Jurídico de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua (ACA). Este órgano se constituyó en julio y ha alcanzado su conclusión tras nueve sesiones de trabajo.

Para calcular esta cantidad, la comisión ha considerado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 22 de junio de 2015, que declaraba nula la adjudicación. La comisión ha indicado que la concesionaria, a fecha 31 de diciembre de 2018, habrá obtenido unos ingresos estimados de 912,6 millones por ingresos de suministro de agua y venta de energía eléctrica. Sus cálculos sobre la liquidación incluyen los costes de explotación y una margen industrial sobre los costes de operación de un 10%, más el coste de las obras ejecutadas, el canon inicial y los cánones anuales satisfechos, además del interés legal sobre el canon inicial pendiente de recuperación. En total, la comisión cifra en un total de 874,17 millones los gastos que corresponden a la Generalitat, lo que restado a los ingresos obtenidos por la concesionaria arroja un resultado negativo de 38,42 millones a devolver por parte del consorcio liderado por Acciona.