Los jubilados anticipados piden a Valerio que suprima los coeficientes reductores

08/11/2018

diarioabierto.es. Ven penalizadas sus pensiones con una reducción de hasta el 40% de forma vitalicia, "aún habiendo cotizado durante 40 o 45 años, por encima de los 36 años del mínimo legal requerido para cobrar el 100% de la pensión a la edad ordinaria legal".

La asociación de jubilados anticipados ha pedido reunirse con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para trasladarle los problemas por los que atraviesa su colectivo y comenzar una búsqueda de soluciones.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante su intervención en un Pleno del Congreso

En concreto, este colectivo quiere que el Gobierno solucione la “grave” situación por la que atraviesa debido a los coeficientes reductores “abusivos e injustos”.

En la actualidad, según recuerda la organización en un comunicado, la situación actual del sistema hace que todos los jubilados anticipados tengan penalizadas sus pensiones con una reducción de hasta el 40% de forma vitalicia, “aún habiendo cotizado durante 40 o 45 años, por encima de los 36 años del mínimo legal requerido para cobrar el 100% de la pensión a la edad ordinaria legal”.

Así, recuerda que estos jubilados con largas carreras de cotización, que prácticamente han estado trabajando desde la adolescencia, “han sido el sostén del sistema de bienestar social durante décadas“. Sin embargo, al jubilarse anticipadamente “se les castiga de por vida con una pensión reducida”.

En concreto, la asociación quiere reunirse con Valerio para pedirle al Gobierno que suprima los coeficientes reductores a los que ya tengan la edad de 65 años o superior y que cuenten con 40 años o más cotizados.

Hasta el momento, la Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar cuenta con el respaldo de más de 500.000 firmas y se ha dirigido a varios parlamentos autonómicos.

Gracias a esta actuación, la asociación ha conseguido que en los parlamentos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Galicia y de Madrid, mediante proposiciones no de ley, se hayan dirigido al Gobierno pidiendo la derogación de esas penalizaciones.

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