Del encuentro promovido por el Consejo General de Economistas de España, con el atractivo título de ‘¿Se pagan muchos impuestos en España?’, se deduce que existen dos enfoques diferenciados. Mientras que para unos hay margen para aumentar la presión fiscal, para otros el margen para incrementar la carga tributaria sin dañar el crecimiento de nuestra economía es casi inexistente, aunque pueda ser posible fomentar el aumento de los ingresos públicos mediante impuestos medioambientales e indirectos.

Con respecto al Impuesto sobre Sociedades, mientras que para unos economistas la carga tributaria sobre los beneficios de las empresas españolas es relativamente elevada, para otros debería reformarse con el objetivo de garantizar unos tipos efectivos equiparables a los de nuestro entorno europeo.

En lo único que parece haber consenso es en la llamada “imposición medioambiental”, al coincidir unos y otros en considerar que los ingresos por impuestos medioambientales son menores en España que en la media de países de la Unión Europea. Por consiguiente, todo apunta a un acercamiento en fiscalidad medioambiental a los estándares europeos.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich,cree que  “aunque la presión fiscal (lo que se paga de impuestos en relación al PIB) es algo menor en España que en la media de países de nuestro entorno, si tomamos como referencia los impuestos que paga una persona física de clase media, en relación a sus rentas anuales, podríamos estar por encima de la media”. “Esto sucede por nuestro nivel de paro y porque una buena parte de la población obtiene unas rentas tan bajas que no tributan”, explica.

“Esto que parece evidente en el IRPF, también en alguna medida ocurre con el Impuesto sobre Sociedades, ya que solo poco más del 30% del censo de declarantes por este Impuesto declaran una cuota líquida positiva”, destaca Pich.

El presidente del Consejo General de Economistas cree que “lo prioritario es reorganizar los impuestos medioambientales, sobre todo en lo que se refiere a gravámenes propios de las Comunidades Autónomas, estableciendo por el Estado los que sean necesarios y cediendo recaudación y capacidad normativa a los territorios”.

Sin margen

José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, entiende que “dado el nivel y la tendencia del gasto público, los niveles impositivos junto con el nivel de precios públicos –componente éste de los ingresos fiscales que con frecuencia se olvida– generan un volumen de ingresos insuficiente para reducir la deuda pública”. Pero “el margen para aumentar la carga tributaria sin dañar el ritmo de crecimiento tendencial de nuestra economía es muy reducido y quizá inexistente”.

“Es posible, sin embargo, fomentar el aumento de los ingresos públicos modificando la distribución de la carga impositiva hacía los impuestos medioambientales e indirectos, así como aumentando los precios públicos», admite. «Incluso así, no será posible reducir el peso de la deuda pública apreciablemente sin alterar la dinámica del gasto público”, advierte.

“Cuando se sugiere que los ingresos impositivos en España tienen un amplio margen de subida porque son inferiores en términos del PIB los de los principales países de la UE e incluso a la media de la UE-28, se olvida que nuestra renta per cápita es muy inferior a la de esos países y también a la media de la UE”, argumenta Feito. “Sería un sinsentido y una condena al estancamiento económico intentar converger en niveles impositivos con los países más avanzados antes de conseguir converger con sus niveles de renta per cápita”, concluye.

No hay una elevada presión fiscal

Juan Moscoso del Prado, exdiputado y exportavoz de Economía en el Congreso por el PSOE, replica que “España no tiene una elevada presión fiscal agregada en términos comparativos». «Los ingresos públicos en relación al PIB se sitúan en el 37,8% frente al 45,2% del promedio de los países de la Unión Europea y no superaron el 41%, ni en plena burbuja inmobiliaria (datos de 2015)”, argumenta. “El problema es que esa presión fiscal se concentra mucho sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles”, avisa.

En cuanto al gasto público en relación al PIB, “es inferior en cinco puntos a la media de los países de la Unión Europea». «A pesar de ello, el margen para ampliar las políticas de gasto es limitado y por lo tanto es imprescindible establecer prioridades”, recalca.

Moscoso cree que “España tiene por delante aún un proceso de consolidación fiscal exigente para cumplir nuestros compromisos de déficit y comenzar a reducir la deuda; en este contexto, es vital seleccionar bien las prioridades de gasto que aúnen paliar daños sociales tras una crisis durísima (gasto), asegurar el crecimiento futuro y la competitividad de la economía para generar riqueza, oportunidades y empleo de calidad (inversión), y modernizar el estado del bienestar (completar su alcance)”.

La carga sobre las empresas es elevada

Sobre el Impuesto de Sociedades, José Luis Feito considera que “los ingresos impositivos en España alcanzan un porcentaje del PIB (2.3%) muy similar al de la media de UE (2,6%)”. “Teniendo en cuenta que el PIB español per cápita es un 8% inferior al de la media de la UE, y que por lo tanto nuestro stock de capital es inferior al suyo, se puede incluso decir que la carga tributaria sobre los beneficios de las empresas españolas es relativamente elevada”, remarca.

«Así lo demuestra el hecho de que antes de la crisis, no en 2007 con la burbuja inmobiliaria y financiera a punto de explotar, sino en 2004, cuando la economía española estaba en un relativo equilibrio cíclico y las empresas no arrastraban acumulación de pérdidas como sucede en la actualidad, los ingresos impositivos por sociedades alcanzaron un porcentaje del PIB (3,5%) superior al de la UE (2,6%) en aquel año”.

Para Moscoso, “en estos momentos se estudia reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades con el objetivo de garantizar unos tipos efectivos equiparables a los de nuestro entorno europeo –eliminado beneficios fiscales-, ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación”.

Imposición medioambiental

Para José Luis Feito “la denominada imposición medioambiental subsume figuras impositivas que están englobadas en los impuestos indirectos (es el caso de los impuestos sobre el consumo de energía o el de matriculaciones de vehículos) y en los impuestos sobre el capital (es el caso de los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica)”. “Los impuestos específicos sobre la polución representan una porción insignificante de los ingresos por impuestos medioambientales”, añade.

“Los ingresos por impuestos medioambientales en la UE en 2016 suponían el 2,4% del PIB, siendo Dinamarca (4%), Eslovenia (3,9%) y Grecia (3,8%), los países con mayor recaudación por impuestos, e Irlanda y España (1,8%), los de menor», aporta Feito. “La principal fuente de recaudación de la imposición medioambiental son los impuestos sobre el consumo de energía, que representan el 77% del total de ingresos por este concepto en la media de la UE. De éstos, los impuestos sobre hidrocarburos para el transporte suponen el 70%. Los impuestos sobre gasolina y diésel de automoción se sitúan en España (junto con los de Irlanda) entre los mínimos de la UE”, explixca

Moscoso del Prado considera que “la fiscalidad ‘verde’ no persigue un fin recaudatorio en sí mismo, sino que busca incentivar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente, la salud humana, apoyar la transición energética y luchar contra el cambio climático”. En este sentido, entiende que “en fiscalidad medioambiental debemos acercarnos a los estándares europeos estableciendo tributos en ámbitos como: emisiones de CO2 discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; óxidos nitrosos (NOX); emisiones de los vehículos de motor basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo; residuos industriales y peligrosos o tóxicos; y residuos de envases, embalajes y bolsas. Y hacerlo también reformando los tributos estatales y autonómicos ya existentes en: impuesto especial sobre hidrocarburos; impuesto Especial sobre la Electricidad; y canon de vertidos”.