La cuarta sociedad de ahorro y crédito más importante de España, Bankia, seguirá siendo pública mientras el Estado no recupere los 22.000 millones de euros (de todos los ciudadanos) que cotó reflotarla. Esa es la prioridad declarada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánhez, ante el pleno del Congreso del miércoles, 21 del corriente, san Agapito y ocho más en el santoral. “El Gobierno no se plantea vender la participación del Estado en Bankia”, dijo Sánchez en respuesta a Pablo Iglesias, quien le recordó una resolución del último cónclave socialista apostando por una banca pública que facilite el crédito hipotecario a los trabajadores más necesitados y a las pequeñas y medianas empresas y sirva de cortafuegos de la concentración bancaria. “Lo sensato es tener una banca pública, como existe en Italia, Francia y otros países”, afirmó el dirigente de Podemos. “Y le recuerdo –añadió a favor de la solvencia y eficacia del sector público– que los dos primeros puestos del último test de estrés los ocuparon un banco público alemán y otro holandés”.

Sánchez creyó conveniente concretar y completar su explicación con una referencia a lo que está haciendo el Gobierno en el frente de la regulación (y el control bancario). En este punto anunció la próxima creación de la Autoridad Nacional de Estabilidad, como si las funciones del gobernador y los consejeros del Banco de España fueran insuficientes o dejaran mucho que desear. A continuación precisó que el Ejecutivo no está cerrado a la existencia de una banca pública, pero una banca de inversión, el ICO (Instituto de Crédito Oficial), una entidad no comercial “porque no tiene mucho sentido que el Estado maneje depósitos (privados)”.

Gesticuló Iglesias su desacuerdo y preguntó, acto seguido, Carles Campuzano, del PdeCAT, sobre el anuncio gubernamental de no fabricar ya coches de combustión en 2040, algo que ha sembrado incertidumbre y alarma en el sector. Sánchez situó al interpelante ante una realidad insoslayable: “Del sector de la automoción dependen 300.000 empleos directos y más de dos millones indirectos, exportamos ocho de cada diez coches que fabricamos, y si uno mira alrededor, a nuestros competidores, la prohibición de los combustibles fósiles y su sustitución (por el coche eléctrico) está en 2040 a 2050. ¿Quien va a comprar los coches de combustión fuera de España?”

Cayó del guindo el nacionalista catalán (del “grupo de los golpistas”, dicen los del PP y C,s) y acabó pidiendo, que es lo suyo: “Necesitamos un plan renove, se lo exigimos”. A lo que replicó Sánchez: “Apruébeme el  Presupuesto”. Y ya sin tiempo sólo pudo mencionar alguna medida como la tarifa eléctrica especial de recarga en horas valle y otras de transición hacia el auto eléctrico, a debate y estudio con el sector.

Sin abandonar el terreno de los problemas concretos, interpeló la diputada de Podemos Noelia Vera a la ministra de Hacienda si va a adoptar medidas para evitar la proliferación de casas de apuestas cerca de colegios e institutos y qué se puede hacer contra la publicidad abusiva, protagonizada por famosos, incitando a todo bicho viviente a probar suerte. “La ludopatía se extiende entre nuestros jóvenes y en la clase más humilde”, afirmó la diputada, quien reprochó de paso al exministro Montoro que bajara del 25 al 20% el impuesto sobre el juego. Le contestó la ministra Montero que algo habrá que hacer, aunque se trata de una “actividad legal”.

Ante la falta de concreción de la andaluza, camuflada bajo la fórmula al uso –“un marco de juego responsable”–, Vera reclamó la “unificación normativa” de los establecimientos de juegos y tragaperras, cuya autorización y control depende de los gobiernos autonómicos, ya que de lo contrario, si no se pone coto a la expansión, este país, además de ser la casa de tocame Roque, se va a convertir en el mayor reino de ludópatas de toda Europa, con las consiguientes consecuencias malas y costosas para el conjunto de la sociedad.

Por cierto que el juego del presidente del PP, Pablo Casado, interesándose supuestamente por la situación de Andalucía, donde “los socialistas dejan un balance catastrófico, la ruina después de cuarenta años de gobierno”, quedó enseguida al descubierto, pues en realidad sólo quería lavarse las manos de la ruptura del pacto para renovar el Consejo del Poder Judicial “por la filtración desde el Gobierno –dijo– del nombre del futuro presidente”, el magistrado Marchena, quien ha renunciado a ir de consejero.

Sánchez aprovechó la cuestión para pedir a Casado y al PP que “dejen de despreciar a Andalucía, comenzando por su educación, como la señora Tejerina. ¿Sabe cuanto cuesta una matrícula universitaria en Madrid? Mil quinientos euros. En Andalucía, siete euros”, le espetó en referencia a las becas. Pero no se extendió en más ejemplos de política social porque “la respuesta se la van a dar los andaluces el 2 de diciembre, y ya le adelanto que no le va a gustar”. Eso le dijo. Y tras escuchar los argumentos de Casado sobre la quiebra del acuerdo del CGPJ abundó: “Andalucía a usted no le importa nada, dejen de hacer el ridículo con su campaña de drones con banderas y de despreciar y denigrar a Andalucía con un candidato a lo Bolsonaro”. Sobre la ruptura del pacto judicial, Sánchez le espetó: “A su lado Rajoy es un moderado, y más serio que usted”. Sobre el tablero de ajedrez, con el rey cercado y el galope limitado del real decreto, ya se barrunta el jaque mate a la legislatura.