Se lamentaba el presidente de la CNMV, Sebastián Abella, hace unos días de que las empresas y entidades financieras que abandonan el Reino Unido no apuestan por España como sede de su nueva instalación y optan por otros estados de la Unión como Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania o Luxemburgo. Un fracaso económico e institucional que él atribuía especialmente a la crisis de Cataluña.

Un factor importante, cierto, pero no el único ni el fundamental. Porque a la situación de Cataluña como factor distorsionante se unen otra serie de factores entre los que destacan la imagen de inestabilidad política y la sensación de inseguridad jurídica que últimamente se asocian a la Marca España entre los inversores internacionales y en los organismos multilaterales.

Episodios como el protagonizado por el Tribunal Supremo cambiando en poco más de una semana su sentencia sobre las hipotecas y, sobre todo, la alucinante decisión del Gobierno de cambiar por decreto una decisión judicial, junto con las chapuceras negociaciones para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, siembran serias dudas sobre las garantías del Estado de Derecho en nuestro país, al que algunos empiezan ya a equiparar a ciertos regímenes latinoamericanos.

La inversión, que al fin y al cabo es la que crea progreso, empleo, riqueza y bienestar necesita seguridad y España hoy no aparece como un país seguro. El exceso de regulación, la diversidad y complejidad normativa de un Estado de las Autonomías elefantiásico y derrochador, y los anuncios legislativos y presupuestarios del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia fiscal, energética o de libertades amenazan gravemente la competitividad de nuestras empresas y productos y la continuidad del crecimiento económico.

De hecho la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE acaban de revisar a la baja, otra vez, sus previsiones sobre España y advierten de los graves riesgos que la política económica y presupuestaria de un Gobierno precario para satisfacer las exigencias de sus socios populistas y separaratistas  suponen para el PIB, la deuda y el empleo en nuestro país.

Un Gobierno que da la impresión de carecer de ideología y, lo que es más grave, de ideas, y que además ha perdido credibilidad y peso específico en Europa como demuestra el reciente conflicto sobre la situación de Gibraltar en el preacuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el Brexit.

El resultado ahí está. De las 36 empresas del sector asegurador que han abandonado el Reino Unido sólo una, Admiral, ha elegido España. Un toque de atención que se suma a la ralentización de las inversiones extranjeras y que puede ser preludio de la huída de muchas multinacionales en nuestro país. Una especie de Españexit empresarial del que ya empezamos a tener amagos y advertencias.