Material construido con amianto.

El Congreso estudia, tras una veintena larga de ampliaciones de plazo, crear un fondo que compense a las víctimas del amianto. El fondo evitará a los enfermos y sus familias costosas reclamaciones, en caso de que la proposición de ley concluya en su definitiva aprobación. Se estima que, solo entre 2003 y 2009, existen más de 7.150 casos susceptibles de ser indemnizados.

La exposición al amianto, un material muy utilizado en la construcción sobre todo entre 1970 y 1980, es la causa del desarrollo de mesoteliomas, un tipo de cáncer que afecta a la pleura o el peritoneo, y que afecta cada año en España a unas 700 personas por culpa de esta exposición, según recoge la exposición de motivos de la proposición de ley.

La entrada masiva de amianto en España a partir de 1960 se cifra en un total de 2,3 millones de toneladas consumidas. La mayor parte se destinó a la construcción de edificios bajo la forma de fibrocemento. Una cifra que, siendo inferior en un 30% a la de Francia, sirve para lanzar la estimación de unos 700 casos anuales en España, tras descontar ese porcentaje, un 30%, de los 1.000 casos que se estiman en el país galo.

Si se crea finalmente el fondo, España se unirá así a Francia, Holanda y Bélgica, países que, tras dejar bien sentada la clara relación que existe entre la exposición al material y el desarrollo de mesoteliomas, han creado instrumentos parecidos que buscan resarcir a las víctimas. Y librarlas de un particular calvario.

Ahorrar sufrimiento a las víctimas

Porque hasta ahora, en España, las víctimas deben afrontar costosos procedimientos legales, complicados muchas veces por el largo período, entre 20 a 50 años, que la enfermedad suele tardar en aparecer. Una enfermedad que no solo afecta a los trabajadores sino a veces a sus familias, que también quedaron expuestas al material; por ejemplo, al lavar la ropa de trabajo de los trabajadores.

Así las víctimas, cuando buscan indemnizaciones, o tratan de probar la naturaleza laboral de sus enfermedades, tienen que enfrentarse a diversas dificultades. Muchas veces las empresas donde se produjo la exposición han desaparecido, por el largo período de tiempo transcurrido. Otras veces no es fácil acotar dónde se produjo la contaminación, si la carrera profesional de la víctima es larga.

Una situación que obliga a las familias a una compleja “labor detectivesca”, según recoge la proposición, y a un sinfín de litigios que el Fondo podría mitigar. “El fondo de compensación conseguirá que aquellas familias o trabajadores afectados que tienen vedada la vía judicial, por no tener empresa a la que reclamar la indemnización, vean compensado el daño”, dice textualmente.

“Un poco más cerca”

Según CCOO, UGT y la Federación de asociaciones de víctimas del amianto, el inicio del plazo para el análisis de enmiendas en el Congreso supone que la creación del Fondo se encuentre “un paso más cerca” después de una histórica reinvindicación.

Sin embargo, las organizaciones advierten de que, a pesar de el amianto fue prohibido en España hace más de una década, sigue estando presente en la jornada laboral de algunos trabajadores, entre los que citan, los servicios de retirada y tratamiento de los materiales contaminados, pero también quienes se dedican al mantenimiento de canalizaciones de agua; fontaneros, albañiles y electricistas encargados de obras de rehabilitación y mantenimiento de edificios; así como todos aquellos que, sin saberlo, ocupan edificios construidos con amianto.

Así, solo en el Congreso, en los últimos meses, figuran diferentes preguntas e iniciativas ligadas con el amianto. Y con la aparición del material en diversos lugares, como el Metro de Madrid, las laderas de un arroyo en Toledo – el Ramabujas –, las instalaciones de Radio Televisión Española (RTVE), o instalaciones ferroviarias diversas.

Una presencia ubicua y maldita que motivó, por ejemplo, una pregunta al Gobierno sobre el estado de las instalaciones de RTVE, después de que Espinete, el conocido personaje infantil de la televisión de los años 70, acabara sus días contaminado en un vertedero.

Ofertas de indemnización

La propuesta, que ahora se enmendará en el Congreso, dibuja un Fondo de compensación nutrido por cotizaciones de todas las empresas, aportaciones de las mutuas y por transferencias de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo funcionamiento sea capaz de resolver, en un plazo máximo de seis meses, las solicitudes que lleguen de indemnizaciones procedentes de quienes acrediten las enfermedades, y puedan probar la exposición.

Bajo el nombre Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto, la propuesta del Parlamento Vasco realizaría después una oferta de indemnización a los afectados, que, en caso de aceptar, renunciarían a cambio a presentar acciones judiciales en este sentido.

Según la proposición, el Gobierno tendría seis meses para aprobar el decreto que daría forma y organización al Fondo, a partir de la entrada en vigor de la ley.

Por otro lado, CCOO, UGT y las víctimas exigen la puesta en marcha de un plan estatal, que permita localizar y erradicar todas las fuentes de contaminación para 2032, tal y como exige el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en un dictamen de 2015.

Se estima que el número de enfermedades ligadas al amianto continúa subiendo hasta 2023, fecha a partir de la cual comenzarían a remitir la aparición de afecciones, según las previsiones recogidas en la proposición de ley.