La esperada intervención del presidente de Francia, Enmanuel Macron, para presentar las líneas básicas de la política energética del país de aquí hasta 2028 -y hasta 2035, en una segunda etapa- ha sido una mezcla de apuesta por un cambio de modelo energético y de pragmatismo. El gobierno galo quiere elevar el peso de las energías renovables en el abastecimiento eléctrico por su creciente eficiencia -tanto energética como económica- y, al mismo tiempo, no renuncia a la energía nuclear.

En realidad en el discurso de Macron, como antes habían anunciado miembros de su Ejecutivo, se incluía un claro mensaje: Francia no puede eliminar la energía nuclear, como va a hacer Alemania, sin poner en riesgo el suministro, que, en más de una ocasión, ya se ha enfrentado a serios problemas, teniendo que recurrir a la importación de electricidad de países vecinos como España.

Los cambios serán graduales y, el objetivo que ahora se fija es que el peso de la energía nuclear pase de ser el 70% del total de la generación al 50%. Hasta 2035 se cerrarán 14 centrales nucleares (900 megavatios cada una), de las 58 que están en activo.  En 2020 se empezará con el cierre de la central de Fressenheim. Lo que sí hará Francia es dar un adiós definitivo a las centrales de carbón en 2022. La reducción del peso de la energía nuclear no se hará en detrimento de la relevancia de EDF, pese a que se eleve la competencia.

Macron ha detallado la futura política energética después de reunirse con los 80 miembros del Consejo Nacional de la Transición Ecológica, que han elaborado el documento base para el Programa Plurianual de la Energía. La transición energética es, a juicio de Macron, una inmensa responsabilidad colectiva, y que no admite más cambios de opinión ni la negación de la realidad.

También se ha referido al conflicto que vive el país por las movilizaciones de los llamados ‘gilets jaunes’ (chalecos amarillos), que han provocado fuertes disturbios. El presidente ha señalado que la fiscalidad de los carburantes se tiene que adaptar a los precios del mercado y a los objetivos de la transición ecológica. Una polémica que, en otro ámbito, existe también en España, a raíz de las medidas anunciadas por el Ejecutivo respecto a la automoción.