Eso de ir de aforados por la vida se va a acabar. Los 350 diputados y los 240 miembros de esa cámara de relajación y buenos alimentos que es el Senado ya saben que sus privilegios judiciales tienen los días contados, del mismo modo que los miembros del gobierno y los parlamentarios y gobernantes autonómicos. Según el proyecto de la reforma constitucional tasada que el Ejecutivo de Pedro Sánchez envía al Parlamento, los supuestos delitos que cometieren durante el ejercicio del cargo serán instruidos y juzgados por la justicia ordinaria. Vale suponer que todas sus señorías estén de acuerdo con una medida que los iguala a los demás semovientes humanos, pues la reforma de los artículos 71.3 y 102.2 de la Constitución exige las dos terceras partes del voto favorable del Congreso para ser aprobada. Si 119 diputados se oponen, no hay nada que hacer.

La hiperprotección de los políticos es un Guadiana que siempre aflora en las campañas electorales. Todos ladran y nadie muerde. Con razón les llaman “cínicos”, de can, canelo, perruno. Con el fuero pasa lo que con la reforma electoral. Mucha promesa de igualdad y luego Andanas. Con razón la gente no cree nada. Ahora Sánchez, con los 84 diputados socialistas, pega unos capotazos y pone el novillo en suerte. Ya era hora. Si todos los españoles somos iguales ante la ley, ¿por qué los representantes democráticamente elegidos y los gobernantes designados por aquellos han de ser desiguales? ¿Por qué si un diputado, un consejero, un ministro utilizan el poder en beneficio propio, de parientes y “amigantes” (amigos mangantes), prevarican, roban, burlan a Hacienda, incurren en tráfico de influencias (delitos frecuentes) o, sencillamente, conducen ebrios a toda leche sin importarles la vida de los demás, han de ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia (los autonómicos) y no por los jueces naturales?

Muchas veces se ha esgrimido (el Tribunal Constitucional en primer lugar) la necesidad de ese plus de protección porque los políticos están sobreexpuestos a la “acusación popular”. Pero esta figura jurídica ni se ejerce alegremente ni es gratis. Y si no, que se lo pregunten a los últimos moicanos de Izquierda Unida (IU) y de la finiquitada UPyD de Rosa Díez en el caso de Bankia. Sin negar la existencia de jueces cretinos que estarían encantados de admitir querellas contra cualquier político, la judicatura se asienta en personas sensatas, juristas serios que no empapelan sin pruebas. Eso sin contar que los legisladores pueden afinar la acusación popular y, de paso, las obligaciones de los fiscales.

También el Constitucional, un tribunal de extracción política al fin y al cabo, ha argumentado que el aforamiento preserva la independencia institucional del Gobierno y de los parlamentarios frente a la injerencia judicial en sus tareas, es decir, la judicializacion de la política (algo a lo que apeló el gobierno de Rajoy en el caso catalán). Pero ese argumento no resiste un examen a la luz de la definición de las competencias de los distintos poderes públicos. ¿Puede ser investigado el expresidente Aznar por actuar de intermediario y comisionista de la venta de desaladoras de agua de Abengoa a la Libia de Gadafi por más oprobioso y criminal que fuese el ejecutado dictador? ¿Qué fiscal o qué juez podría acusarle de hacer negocios lícitos para su empresa patrimonial?

Con el grado de desarrollo legislativo alcanzado en la actualidad, los argumentos del Constitucional para mantener los aforamientos políticos caen por el peso de su oxido, según las declaraciones de la mayoría de los dirigentes de los grupos parlamentarios, desde C’s a Podemos, pasando por el PSOE y los nacionalistas. Más bien la iniciativa del Gobierno peca de timorata y, desde luego, no incluye los delitos que pueda cometer el jefe del Estado en su vida privada. Si la justicia se administra “en nombre del Rey” no deja de ser paradójico que siga éste al margen de la justicia y, como el dictador amomiado, sólo responda de sus actos ante dios y ante la historia.

La reforma constitucional es también timorata porque tan solo afectará a 650 personas de las 17.000 que ocupan puestos políticos. Y si la supresión del privilegio judicial no se amplía en la tramitación parlamentaria, los elementos de la judicatura, las policías, los servicios de inteligencia y hasta los militares de alta graduación (en su anómala jurisdicción paralela) mantendrán ese plus de protección sobre el común. Algo que de un modo u otro desmiente el aserto constitucional de que todos somos iguales ante la ley. No es unos seamos más iguales que otros, es que ante la vulneración de la ley la justicia seguirá siendo desigual para unos que para otros. O sea, que aunque le cubran los ojos con un trapo a modo de garantía de su ceguera, distingue el bulto y además ve.