Aseguran que cuando planteaban un problema al general Franco mostraba un montón de expedientes y explicaba que la mitad de aquellos problemas se resolvían solos y la otra mitad son irresolubles.

Quizás esta es la doctrina que aplica el Tribunal Constitucional. El pasado noviembre el alto tribunal resolvió que Mariano Rajoy vulneró la ley al gobernar durante diez meses sin someterse al control parlamentario. Era cuando en el año 2016 estaba en funciones y alegando que los diputados no le habían dado su confianza, no tenían que controlarlo. Meses después de resolverse el conflicto con un nuevo gobierno, y dejando pasar un tiempo prudencial, al fin el Constitucional ha emitido su dictamen cuando el tema estaba resuelto. Por cierto la ley del aborto, recurrida por el PP, espera sentencia desde el 2010.

Ahora cuatro políticos catalanes, en prisión provisional desde hace más de un año, han iniciado una huelga de hambre en protesta por sus recursos ante el alto tribunal sobre decisiones del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, sobre una supuesta violación de sus derechos como diputados y su larga permanencia en prisión provisional. A ello se ha de sumar otro paquete de recursos tanto de la Generalitat como del Parlament sobre la aplicación del artículo 155, la destitución de Puigdemont, la interrupción de una sesión de investidura…

La tramitación, así como las acusaciones, de este proceso ha escandalizado a no pocos juristas. La privación de libertad de una persona es un acto grave y parece razonable que los tribunales den prioridad a estos asuntos. Como era de esperar fuentes del Tribunal Constitucional han interpretado la huelga de hambre de los políticos catalanes como una forma de presión y han rechazado un retraso infundado en la resolución de estos recursos alegando la “complejidad” de los mismos.

Es evidente que los encausados y una parte importante de la población catalana la confianza en la justicia española está bajo mínimos y por ello los abogados cifran sus esperanzas en obtener justicia en el Tribunal de Derechos Humanos europeo. Pero claro para poder recurrir a él antes han de haber agotado todos los recursos de la justicia española.

Muchos sospechan que ante un presumible revés de la justicia europea como auguran no pocos juristas su política es bloquear los recursos y dejarlos que almacenen polvo en alguno de sus cajones. Y en cualquier caso (como sucedió con Arnaldo Otegui) cuando Estrasburgo se pronuncie la situación ya será irreversible.