El borrador de orden ministerial sobre peajes eléctricos ha encendido las alarmas en la Asociación de Productores Independientes de electricidad (APRIE) por la anulación de  incentivos que se planea para las centrales de ciclo combinado a gas. La retribución que podría desaparecer, el servicio de disponibilidad, tiene como base el apoyo de las citadas plantas a otras tecnologías, básicamente a las renovables. Es decir, por estar disponibles para entrar en funcionamiento cuando lo decida REE, cuando otras plantas no pueden entrar en el sistema eléctrico.

Esta asociación que suma 4.000 megavatios en cuatro centrales son propiedad de Engie, Shell y Alpiq, en las que han invertido 2.000 millones de euros.

El presidente de la asociación, Alfonso Pascual, ha manifestado que si, después de presentar las alegaciones a la orden ministerial, la administración no hace ningún movimiento que muestre que reconoce los problemas que se crearían, cuentan con dos vías: presentar un recurso y/o solicitar el cierre de las plantas. «El escenario de cierres está sobre la mesa».subrayó.

No obstante, la decisión dependerá de cada propietario, señaló Pascual. Si bien destacó que las empresas están obligados defender a sus accionistas, el empleo y, en esta línea, «a las comarcas donde están sus activos”.

Este recorte se une a otros problemas, con el bajo índice de funcionamiento de las centrales, que en el caso de las que son propiedad de las empresas que forman la asociación es del 2%. Además en el horizonte no muy lejano se vislumbra el fin de los incentivos a las inversión.

Hasta ahora han soportado una situación muy adversa porque, en principio, con los planes de cierre de otras centrales térmicas -carbón y nucleares- las centrales de gas podrían tener más protagonismo en el sistema como respaldo a medio y largo plazo. Pero ni siquiera esas perspectiva les puede empujar a resistir si la orden de peajes se aprueba tal y como ahora está redactada. Según los datos de APRIE, los propietarios ni siquiera habrán amortizado la inversión realizada cuando las centrales cumplan con su vida útil.

La medida también afectaría a las centrales de las las eléctricas integradas, aunque en el caso de Endesa, Naturgy e Iberdrola, la supresión podría ser ‘compensada’ con mejoras en otras retribuciones.