Todo parece indicar que el Gobierno y los sindicatos han alcanzado finalmente un acuerdo que derriba parcialmente la reforma laboral de 2012, y resta poder a los empresarios en el tablero de juego de la negociación de convenios colectivos..

Básicamente, el Gobierno habría aceptado cercenar aspectos clave del entramado jurídico compuesto por Rajoy, cambiando el sistema de equilibrios en este ámbito. En caso de aprobarse, las empresas no podrán desmarcarse de lo pactado en el sector, cuando aprueben su propio convenio colectivo; o sea, se recupera la prevalencia del convenio de sector.

Tampoco contarán con el acicate de que los convenios pierdan su eficacia un año después de vencidos; pues el supuesto acuerdo con los sindicatos recupera la prórroga automática de estos pactos, la llamada ultraactividad.

Ni podrán pactar peores condiciones en empresas subcontratadas, como en el caso de las limpiadoras de hotel – las llamadas ‘kellys –; al fijarse nuevos límites a la externalización.

Por la tarde, tras conocer la noticia, la empresarial CEOE, junto a Cepyme, se apresuró a criticar la derogación de la reforma laboral del PP, que calificó como una “ruptura unilateral” del diálogo social, y cuyo contenido “pone en peligro el crecimiento y el empleo en España”, advirtieron.

CCOO: “Hay preacuerdo”

La noticia saltó por la mañana cuando Comisiones Obreras reunió a la prensa para explicar los detalles del “preacuerdo” y advertir de paso al Gobierno su obligación de escribir su contenido en leyes de obligado cumplimiento. De no hacerlo, “el Gobierno tendrá un problema”, advirtió la número dos de la central Mari Cruz Vicente.

Según CCOO, ese “preacuerdo” recupera el subsidio para mayores de 52 años, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la prórroga indefinida de los convenios vencidos o ultraaactividad; además de fijar límites a la subcontratación, obligando a las empresas auxiliares a adoptar el convenio sectorial o el de la empresa principal.

Tras conocer este anuncio, el sindicato UGT – que también participa en la mesa tripartita con el Gobierno y los patronos – prefirió evitar el término preacuerdo, si bien destacó que hay materias de “gran coincidencia con el Gobierno”, entre las que enumeró la recuperación del subsidio de 52 años y de la prevalencia del convenio de sector, además de los citados límites a la subcontratación, o el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos.

CEOE: “Pone en peligro el empleo”

Por su parte, los empresarios de CEOE, tras conocer la noticia, se aprestaron a mostrar su “sorpresa e indignación” ante la “ruptura unilateral” del diálogo social con el Gobierno y los sindicatos anunciada por Comisiones Obreras. CEOE y Cepyme critican que no se les haya informado previamente de esta acuerdo “bilateral”, y que lo hayan conocido a través de los medios de comunicación, “a pesar de existir una supuesta mesa de negociación abierta sobre esta materia”.

Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se limitaba a señalar por la mañana que la mesa de diálogo social sigue trabajando, si bien admitió que hay negociaciones “bastante avanzadas” que cuentan “más con el acuerdo de sindicatos que de empresarios”.

Los sindicatos apremian al Gobierno

Sin embargo, a pesar del acuerdo supuestamente alcanzado, falta ahora materializar su contenido en forma de una norma. Y en este asunto, el Gobierno tiene muy presente que no dispone de mayoría parlamentaria. Aunque dispone del recurso al real-decreto-ley, esta vía urgente necesita también el respaldo del Congreso, que debe convalidar la norma.

En este sentido, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, criticó el eventual acuerdo que calificó de “un insulto a los parados” y de “suicidio” económico. “Es un insulto a los parados y un suicidio para la economía cambiar la norma que logró crear 3 millones de empleos y permitió el segundo milagro económico español”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el sindicato Comisiones Obreras advirtió al Ejecutivo de Sánchez que, en caso de no trasladar el acuerdo a una norma, el Gobierno “tendrá un problema”. “Al cerco político que ya tiene se le unirá el cerco sindical”, recalcó su ‘número dos’ Mari Cruz Vicente.