El máximo responsable de la Seguridad Social, Octavio Granado, admitió ayer que en el Gobierno están “todos rezando” para que el Índice de Precios de Consumo (IPC) cierre el año en el 1,6%, y no se produzca ninguna desviación que termine afectando a la revalorización de las pensiones.

En caso contrario, si los precios superan esa cota del 1,6%, la Seguridad Social tendría que asumir un sobrecoste, por cada décima de más, de 128,6 millones de euros. Una situación que pondría en aprietos al ente encargado de pagar las pensiones, pues, en este momento, este no tiene “ni la norma ni el dinero” para asumir ese añadido.

“Estamos rezando para que no se desvíe la inflación”, confesó ayer el máximo responsable de la Seguridad Social. Granado recordó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 no recogían la paga compensatoria a los pensionistas si la inflación se desviaba del objetivo del 1,6%.

El IPC se sitúa en el 1,7% en noviembre

Hoy, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el IPC subió en noviembre un 1,7%. En el sistema anterior, este dato serviría para calcular la compensación a los pensionistas.

Sin embargo, después de la reforma de 2013, las pensiones abandonaron esta fórmula y dejaron de actualizarse con el IPC; hasta que, en 2018, Rajoy pactó una subida del 1,6% para el presente ejercicio.

“Habrá que ver cómo queda la inflación a finales de diciembre”, recalcó Granado, confiando en que no supere el porcentaje del 1,6%.

Según insistió, cada décima de desviación del IPC sobre el 1,6% supone un sobrecoste de 128,6 millones de euros, que se duplica si se quiere consolidar esa subida al año siguiente.