Central Nuclear de Almaraz

Este miércoles, 19 de diciembre, está convocada la junta de accionistas de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), en la que los tres socios de la planta -Iberdrola, Endesa y Naturgy, con un 53%, 36% y 11%, respectivamente- deberían tomar decisiones sobre su futuro. Y lo hacen desde posiciones divergentes respecto si se solicita o no la ampliación de su vida útil.

Iberdrola, como en reiteradas ocasiones ha manifestado su presidente, Ignacio S. Galán, no es partidaria de dar ese paso, al no ser que cambien las condiciones que obligan a asumir unos costes que ahondan los números rojos y unas inversiones que no se rentabilizan. Galán, no solo en el caso de esta central, ha mostrado cifras que muestran que son activos que presentan pérdidas y, en su opinión, la obligación de la dirección de una empresa es defender los intereses de sus accionistas.

Si bien, la posición de Endesa es diferente y la central forma parte de los activos con los que cuenta a medio y largo plazo. En definitiva, las participaciones cruzadas de las compañías hacen aún más compleja y difícil encontrar una salida para Almaraz y, más adelante, para otros grupos de la misma tecnología

Porque los costes, también en el caso del desmantelamiento son muy elevados, y Enresa (la sociedad pública encargada de esas operaciones que se financia con las aportaciones de las empresas propietarias) no cuenta con el dinero suficiente para abordar los procesos, ya que detrás de Almaraz irán otras centrales. Existe también la necesidad de abordar junto con las diferentes Administraciones el futuro de las comarcas que queden afectadas por los cierres, en una vía similar a la que se perfila para las regiones mineras de carbón.

Mientras, el ministerio de Transición Ecológica, que está centrado en ultimar la Ley de Cambio Climático, lo que exigirá es un cierre ordenado, de forma que no afecte al suministro.