Ajenos a la voz de unos pensionistas hartos, que han decidido llevar sus demandas a la calles, Pedro Sánchez y su gobierno se limita a aprobar una subida que ya estaba en los Presupuestos de Rajoy, mientras que el PSOE y el restos de los partidos con representación parlamentaria persisten en su incapacidad para llegar a un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo que permita garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y actualizar la prestación en unos niveles dignos y de acuerdo con el alza del coste de la vida.

Ellos, los políticos, ayudados en esta cuestión por los economistas de salón de organismos internacionales y servicios de estudios, conocedores de teoría pero ajenos a la realidad de la calle, insisten con reiteración en sus mensajes apocalípticos sin aportar más soluciones que las ya manidas de subir la edad de jubilación, ampliar la vida laboral a la hora de calcular la pensión o aumentar las bases de cotización. Es decir, como siempre, cargar el peso de la reforma sobre las espaldas de los de siempre, de los trabajadores, empresarios, autónomos o pensionistas, a los que se exprime con una fiscalidad esquilmatoria y se castiga recortando los derechos adquiridos y las garantís del Estado de Bienestar.

Eso sí, ambos, políticos y economistas de salón se cuidan mucho de tocar los desmesurados privilegios de que gozan los políticos o de adelgazar este elefantiásico estado de las autonomías cuyo coste es infinitamente superior al beneficio que genera.

Así, en el caso de los señores parlamentarios vemos como tienen derecho a percibir la pensión máxima cuando se jubilen, con independencia del tiempo que hayan permanecido en el escaño.
En concreto, el reglamento de las Cámaras Legislativa articula un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, «las Cámaras abonen la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante». Además, sin perjuicio de ello, se establecen otras fórmulas para los supuestos más extremos si hubiera precariedad con un sistema de complementación de ingresos.

Con datos de 2015, últimos conocidos, un total de 208 diputados y senadores perciben 2,8 millones de euros cada año en concepto de pensiones parlamentarias u otras prestaciones por complementación de ingresos.

Sus Señorías, tienen derecho también a una prestación de paro, también con independencia del tiempo trabajado, cuya cuantía se calcula en base al sueldo de  un mes, 2.813 euros, por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.

Y, qué decir de las autonomías. Los diecisiete parlamentos regionales engloban a un total de 1.268 diputaos, con una media anual de ingresos de 50.000 euros anuales, a los que hay que añadir los pluses por participar en comisiones o por desplazamientos.

Sólo reduciendo a la mitad el número de parlamentarios, como propuso en su momento Esperanza Aguirre para Madrid sin éxito, ahorraría más de 30 millones de euros anuales.

¿Hay o no hay fórmulas y partidas donde recortar para destinar a las pensiones sin tocar el bolsillo y sin castigar a lo de siempre? Yo, ahí las dejo por si alguien de los que deberían venir a la política a servir y no a servirse de ella, reflexiona. Aunque lo dudo.