El Gobierno informó ayer a las comunidades autónomas de algunos cambios en el complejo entramado del sistema de políticas activas para el empleo. El Ejecutivo pretende que las comunidades autónomas puedan ejecutar planes plurianuales, muy centrados en los más jóvenes, para evitar la excesiva dependencia actual de la convocatoria anual de fondos. Unos cambios que sin embargo se matizarán al garantizar a las comunidades autónomas un gran porcentaje de su actual provisión de fondos.

El ministerio de Trabajo informó ayer jueves de estos cambios que afectan a la partida dedicada a políticas activas de empleo, dotada en 2018 con más de 5.700 millones de euros; la mitad de ellos destinada a la formación de empleados y parados; y que destina cerca de 2.000 millones a las polémicas bonificaciones de contratos, también sometidas a un proceso de revisión.

Según lo anunciado el jueves en la Conferencia Sectorial de Empleo, el Ejecutivo pretende romper la rigidez del modelo anterior, facilitando “convocatorias abiertas” de cursos para jóvenes, de tal modo que las comunidades autónomas – los ejecutores de estas políticas activas – puedan ofertar de forma “continuada” sus planes formativos, en convocatorias plurianuales, sin depender tanto del reparto anual que condiciona las ayudas.

Poco se sabe aún del nuevo modelo. Tan solo que variarán los criterios del reparto de fondos provenientes de la Administración central para su ejecución por las comunidades autónomas. Sin embargo, para amortiguar estos cambios, el nuevo sistema garantiza a los gobiernos regionales que contarán el primer año con el 95% de los fondos recibidos el año anterior; el segundo un 90%; y el tercero un 85%, según la información transmitida durante la Conferencia que coordina a las distintas Administraciones implicadas en el desarrollo de estas políticas activas.

Más fondos para el empleo joven

Destaca entre estas políticas muy especialmente el plan de choque por el empleo joven, dotado con 2.000 millones durante sus tres años de vigencia – a razón de unos 700 millones anuales, hasta 2021 – . Este plan, que pretende reducir en 2021 en 10 puntos la tasa de paro juvenil, hasta el 23%, mediante la contratación entre otras medidas, de 3.000 orientadores laborales, se destina sobre todo a menores de 30 años, con poca formación y un largo tiempo en el desempleo.

Según dijo ayer el Gobierno, el plan de choque por el empleo joven aportará más fondos a las regiones, que los recibirán además de manera más flexible y con mayor prontitud, aseguró durante la Conferencia la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas.

El plan de empleo joven se evaluará cada tres meses, de acuerdo a objetivos “medibles” y “factibles”, recordó la responsable de Trabajo. “Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan intenso por el empleo de los jóvenes en este país en términos cualitativos y cuantitativos”, enfatizó Valdeolivas.

En conjunto, el presupuesto para políticas activas subirá este año un 8%, frente a un incremento del 5% el año anterior, según el Gobierno.

Asimismo el Ejecutivo informó a las comunidades de otros proyectos normativos en curso; como tres órdenes ministeriales sobre formación para el empleo, que buscan un impulso del sistema de formación para el empleo, reforzando la acción coordinada del conjunto de actores que intervienen en el sistema, especialmente de las Administraciones.