Un peaje de 112 millones de euros en metálico, y un paquete de gestos simbólicos y concesiones vergonzantes como la reunión bilateral de gobiernos, la fotografía con Torra, el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat a Tarradellas y el reconocimiento a favor Lluis Companys, es el precio que ha pagado Pedro Sánchez, arropado por todos sus ministros, para intentar el “sí” de los independentistas catalanes a unos Presupuestos del Estado que le permitan mantenerse unos meses más en La Moncloa sin tener que pasar por unas urnas que, es consciente, a buen seguro les van a ser hostiles.

Un precio al que ha seguido después la deliberada ocultación de un documento con 21 peticiones del que le hizo entrega el inquilino de la Generalitat, en el que se le exige la mediación internacional y un referéndum pactado, entre otras cuestiones de menor calado. Es decir, una rendición incondicional y la muerte anticipada de la Constitución Española, del Estado de Derecho y del régimen democrático y de libertades en Cataluña, como paso previo al desmembramiento del Estado.

Unas exigencias que cualquier Gobierno con dignidad y sentido del Estado se habría apresurado a condenar y rechazar tajantemente y a las que, como es habitual en Sánchez y los suyos, se limitan a responder con evasivas, alusiones vagas a la defensa de esa Constitución que él mismo vilipendió al aceptar que fuera eliminada del comunicado conjunto pactado en esa reunión bilateral, y con nuevas invocaciones a un diálogo que, el propio pseduopresidente Torra sigue haciendo imposible e inviable. Poco menos de tres días ha tardado el destinatario del mensaje en anunciar que o le dan todo lo que pide o que se vayan olvidando de los Presupuestos y de seguir en La Moncloa.

¿Cuánto tiempo necesita todavía Sánchez de que con Torra, que no es sino la voz de su amo Puigdemont, no hay diálogo posible? ¿Que estos “golpistas” del 1-O no van a renunciar nunca a sus descabelladas peticiones, aún a sabiendas de que arrastran al precipicio a Cataluña? ¿Es que, acaso, no se ha enterado de que ya han aclarado, por activa y por pasiva, que no aceptan reformas estatutarias o cambios en el modelo de financiación? ¿Por cuánto tiempo más piensa seguir inyectando partidas de dinero del Estado a Cataluña en detrimento de otras comunidades con más necesidades y olvidadas? ¿Acaso no tienen derecho Extremadura, Castilla, Aragón, Canarias o Valencia, con más razones, a recibir el mismo trato con el que se privilegia a Cataluña?

Como reza el dicho popular dos no dialogan si uno no quiere. Y aquí, los independentistas catalanes vienen demostrando, con este Gobierno y con los anteriores, que el único diálogo que entienden es el que les otorgue absolutamente todo lo que piden y el aniquilamiento del contrario.

Razones, hechos y motivos hay para que, aun a sabiendas de que la solución del problema es a largo, el ciudadano Sánchez agarre el toro por los cuernos y demuestre que merece ese cargo de Presidente, que tanto le gusta repetirse, quizás porque no se lo cree todavía. Y si no quiere, no puede o no sabe cómo hacerlo, qué convoque elecciones con presteza. Todo antes que seguir desprestigiando su imagen y con él la del país que representa.