Así se establece en la auditoría que el Departamento que dirige José Luis Ábalos encargó realizar sobre estas vías tras su rescate a la ingeniería pública Ineco.
De este análisis se desprende que «es necesario llevar a cabo importantes inversiones en las autopistas para que recuperen el estándar adecuado», y cifra estas actuaciones en el entorno de los 300 millones de euros.
El Ministerio considera además de «urgente necesidad» acometer estas obras de «puesta a cero de las infraestructuras», por «su afección a la seguridad vial», según indica en la resolución por la que aprueba la rebaja de peajes para estas autopistas.
Estas inversiones deberían haber sido acometidas por las anteriores concesionarias de las vías antes de que revertieran al Estado, si bien en este caso, dichas sociedades estaban quebradas y en liquidación.
En cuanto a la rebaja media del 30% que se aplicará a los peajes de estas autopistas a partir del próximo 15 de enero, Fomento la atribuye a la necesidad de homogeneizar los distintos precios que tenían, para que los conductores paguen el mismo en todas ellas, y de incentivar el uso de estas vías para que crezca el tráfico.
Asimismo, asegura que la rebaja es posible por la contención de los gastos y a pesar de la referida necesidad de inversión y de la reducción de los ingresos que registran las nueve autopistas.
REPSOL Y LAS ÁREAS DE SERVICIO.
Del lado de los ingresos, han disminuido los que proceden de las áreas de servicios, dado que «Repsol ha mostrado su disconformidad con la continuación de los contratos que tenía en vigor con las sociedades que tenían las vías, lo que produce una merma de ingresos por este concepto», según Fomento.
También se registra una menor facturación por tráfico. Según Fomento, para este año se preveía un aumento del 7,5%, mientras que hasta el pasado mes de septiembre sólo se había elevado un 2%. A cierre de 2017, el número de usuarios de estas vías aún estaban un 37,5% por debajo del que tenían antes de la crisis.
Del lado de los gastos, Seittsa, sociedad de Fomento que las explota, ha logrado reducirlos gracias a la unificación y centralización de la gestión de los mismos y la decisión de «no subrogarse determinados contratos de los que las exconcesionarias mantenían».
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