Con las rojas y amarillas del fútbol para señalar las faltas graves y muy graves vendrá a competir en popularidad este año que acabamos de estrenar la Tarjeta Social para indicar esa otra acepción de la “falta” que es la “carencia”. El Gobierno socialista ha tenido la idea de dotar de esa tarjeta (virtual o material) a cuantos ciudadanos reciban (por derecho propio) alguna remuneración o prestación social. Sostiene la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que la implantación de ese distintivo no supondrá sobrecoste alguno y se acometerá con los fondos propios de su departamento ministerial.

En una reciente respuesta escrita a las diputadas de Podemos Ana Marcello y Ana Belén Terrón, la ministra explica que el nuevo instrumento se ha ideado sobre la base del llamado Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), que funciona desde hace veinte años y contiene la información correspondiente a más de 12,2 millones de personas con derechos reconocidos a recibir pagas y servicios de un total de 110 entidades públicas y de algunas privadas conectadas al presupuesto público.

El invento ha sido bautizado con un nombre pretencioso: Tarjeta Social Universal (TSU), como si sirviera para todos los planetas y galaxias. Pero quitando esa tendencia a la sonoridad hueca de la propaganda, la ministra asegura que la TSU se va a desarrollar con un soporte tecnológico mucho más avanzado que la simple base de datos del actual Registro de Prestaciones. Y esto significa que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tendrán una base común con los titulares de derechos reconocidos según el nivel de renta, pertenencia a familia numerosa, grado de discapacidad, dependencia, ayuda a la juventud, desempleo, demanda de empleo y otras informaciones que resulten de interés para analizar y mejorar, dicen, el mapa de la protección social.

Aunque a primera vista se diría que estamos ante una tarjeta con la que acreditar nuestro estado de necesidad y convencernos de paso de que nunca saldremos de pobres si no nos toca la lotería, en la práctica, la TSU será mucho más amplia, pues va a integrar todas las prestaciones económicas públicas, ya sean pensiones básicas o complementarias; contributivas, no contributivas y asistenciales; prestaciones temporales como los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia; prestaciones y ayudas de pago único y, en definitiva, todo el apoyo económico destinado a personas y familias, con independencia de la clase social media, alta o baja a la que se adscriban.

Vale preguntar para qué sirve el invento. Según el secretario nacional de asuntos sociales del PP, José Ignacio Echaniz, la mejor acreditación de la falta por carencia serían los “chalecos amarillos” montando revueltas e incendios en las calles, según dio a entender en el último pleno del Congreso contra la subida del impuesto al gasoil. El líder de C’s, Albert Rivera, no le fue a la zaga. Pero quitando la tirria política hacia el socialismo, la mencionada tarjeta social permitirá a cada ciudadano trabajador disponer de información permanente sobre las prestaciones y ayudas que percibe, ha recibido y a las que tiene derecho.

Esto redundará en una mayor conciencia sobre el Estado del Bienestar y los beneficios que derivan de la solidaridad social, lo que en estos tiempos de acechanzas privatizadoras del sistema público de pensiones y los demás servicios sociales que sufragamos entre todos resulta muy conveniente. Ninguna especie animal desuella a dos de cada tres miembros para que uno se cubra con sus pieles y no pase frío. El hombre, en cambio, bajo el capitalismo rampante y su voraz forma de gobierno, conocida como neoliberalismo salvaje, es capaz de eso y mucho más. Da frío pensarlo.