Presión de empresas y divergencias en Gobierno y PSOE retrasan la reforma energética

08/01/2019

Tania Juanes. Pese al trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Energía no ha logrado que el Plan Nacional de Clima y la Ley de Transición Energética hayan sido aprobadas en 2018.

Teresa Ribera

Teresa Ribera

El Gobierno tenía previsto, y así se anunció, la aprobación por el Consejo de Ministros de la ley de Cambio Climático y Transición Energética y el envío a Bruselas del Plan Nacional de Energía y Clima antes que concluyese 2018. No ha sido así. Son dos documentos que diferente categoría legal, pero que comparten objetivos y se complementan. Y que se han enfrentado a obstáculos políticos, con Comunidades Autónomas, problemas técnicos y relacionados con las empresas y sectores afectados.

La suma de estos factores, según medios consultados, son las principales razones del retraso, que se espera que no se prolongue, además de por la acumulación de trabajo en el Ministerio que dirige Teresa Rivera.

Si bien detrás de las reacciones que siempre provocan las leyes que regulan y condicionan actividades, y más las económicas, existen cuestiones que no van a ser tan fáciles de solventar. Y no sólo en lo que respecta a Teresa Ribera en el ámbito del Consejo de Ministros: la redacción original de la ley no había logrado el respaldo de los Ministerios de Economía ni de Industria. También porque se trata de medidas que afectan a la más importante industria española por empleo y exportaciones: la automovilística dada la intención de poner fecha de caducidad al diésel.

Al mismo tiempo implica al sector del refino que tiene un peso sustantivo en la economía y que ha realizado cuantiosas inversiones para hacer tecnológicamente más eficaces sus plantas. La opinión de las petroleras no se ha ocultado y sus directivos cuentan además con el apoyo de las comarcas y, por tanto de las Comunidades Autónomas, en las que crean riqueza, empleo y pagan los impuestos que corresponden.

Otra cuestión no resuelta es el desmantelamiento de las centrales nucleares, pero antes está el tema que precede a ese proceso: la fijación de la vida útil de las plantas, de forma que se pueda elaborar una planificación energética que fije un ordenado de cierres y resuelva cuál va a ser la tecnología que aporte el respaldo a las renovables. En estos escenarios otro tema controvertido es la inversión que requieren las plantas nucleares para alargar la vida útil y, en definitiva, como se paga.  

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