La Audiencia Nacional ha abierto una investigación, en el marco del caso Tándem, sobre los pagos del BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Estos pagos están vinculados al intento de la constructora Sacyr de entrar en el BBVA en diciembre de 2004.

El Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se investiga la actividad deJosé Manuel Villarejo desde su detención en noviembre de 2018, cree que el BBVA contrató a Villarejo para conocer los planes de Sacyr para «hacerse con una significativa participación accionarial» y desbancar de la presidencia a Francisco González, y adelantarse a esos movimientos.

La operación fue diseñada por Luis del Rivero, presidente de la constructora; Juan Abelló, Demetrio Carceller, consejeros de la compañía; Vicente Benedito, director financiero de la empresa y exdirectivo del BBVA; y José Domingo Ampuero, accionista del banco y destacado representante de Neguri, «asesorados jurídicamente por Matías Cortes» y con el «apoyo político» de Miguel Sebastián, entonces jefe de la Oficina Económica de La Moncloa y luego ministro de Industria, Turismo y Comercio hasta 2011.

Villarejo ofrece los servicios del «Gabinete de Investigación y Análisis (GIA)» para que el BBVA pueda «defenderse de los presumibles ataques que a corto, medio plazo, van a continuar realizándose».

El entonces responsable de seguridad del BBVA Julio Corrochano, ya jubilado, fue presuntamente quien canalizó la oferta de Villarejo, con el que mantenía estrechos lazos.

Según el diario El Independiente, las sociedades del excomisario facturaron al BBVA cinco millones de euros entre 2012 y 2017.

El intento de entrada de Sacyr en el BBVA fue frenado por el Banco de España, con Jaime Caurana como gobernador. Caruana, que ahora es miembro del consejo de administración del BBVA, puso en duda la idoneidad de que una constructora de tamaño medio tomase una posición tan relevante en un gran banco.

El BBVA precisa que que todos los contratos firmados con empresas de Villarejo, «de manera expresa, citaban la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación”.