La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha alabado hoy el informe para una reforma del sistema de pensiones presentado ayer por la Airef, la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal que plantea elevar la edad efectiva de jubilación y ampliar a toda la vida el período de cómputo para calcular la futura pensión.

Tras conocer el informe presentado ayer por la Autoridad Fiscal, la ministra ha dejado claro este jueves que los cambios planteados por el vigilante fiscal se refieren a la edad efectiva de jubilación, y no a la edad legal. Según ha recordado la ministra, en España hoy los trabajadores se jubilan de media en torno a los 62,4 años; y no a los 65 años y ocho meses que marca la legislación, para las carreras de cotización inferiores a 36 años y 9 meses.

Para la ministra, este adelanto se debe a que muchos trabajadores se ven expulsados del mercado laboral, lo que les obliga a jubilarse anticipadamente. Además la entrada planeada del factor de sostenibilidad en 2019 actuó, según la ministra, como un ‘efecto llamada’ para muchas personas que terminaron optando por retirarse a fin de evitar una supuesta bajada en la cuantía de su pensión, que luego no se llegó a producirm al retrasarse a 2023 su entrada en funcionamiento.

Por otro lado Valerio ha culpado a la reforma laboral del PP de restar ingresos a la caja de la Seguridad Social, al devaluar los salarios. Algo que, no obstante, se empezará a revertir con la subida del salario mínimo, y una vez que el pacto salarial CEOE-sindicatos comience a “desplegarse”, ha confiado.

La ministra, al igual que la titular de Economía, Nadia Calviño, ha recordado que las medidas para reformar el sistema de pensiones se están negociando entre las fuerzas políticas y con los sindicatos y empresarios, en busca de un pacto “muy amplio” para el que no hay “soluciones milagrosas”, ha subrayado Calviño.

Dudas y desafección, según la Airef

Básicamente la Airef propone atajar los gastos del sistema de pensiones evitando las jubilaciones anticipadas, y aumentando al conjunto de la vida laboral el período de cómputo para calcular la cuantía de la pensión.

Además plantea un cambio fiscal que permita imputar al Estado gastos que hoy se cargan sobre las cotizaciones de empresarios y trabajadores, como los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social y algunas ayudas a la contratación.

De este modo la Airef estima que se podría apuntalar un sistema público de pensiones sobre cuya sostenibilidad hoy pesan dudas que distorsionan decisiones de consumo y provocan “desafecciones” respecto al entero edifico administrativo español.

En números la Airef propone eliminar un gasto cercano a los 10.500 millones al año, sin aumentar cotizaciones, simplemente transfiriendo a la caja de contingencias comunes ingresos que se recaudan con la cuota por paro, pero que luego se utilizan para pagar subsidios no contributivos y bonificaciones (2.300 millones, en este último caso).

Además, se propone que el Estado asuma los gastos de personal y funcionamiento del sistema de pensiones, unos 4.000 millones; y los 2.000 que se van en pagar tarifas planas, reducciones de cuotas y otras políticas de empleo; así como 1.000 millones más hoy destinados a subvencionar regímenes especiales de cotización.

Con esto se lograría enjugar el agujero actual del sistema de pensiones, que roza los 17.400 millones anuales, un 1,5% del PIB. Sin embargo, el gasto en pensiones durante las próximas décadas se prevé que aumente de manera sostenida. Por lo que deberían aplicarse medidas adicionales que contengan también el gasto.

Entre ellas la Airef propone elevar la edad real de jubilación, que hoy se sitúa en 62,4 años, de forma significativa hasta acercarnos a los 64,3 años de media en los países de la OCDE.

Según sus planes, la edad de jubilación efectiva debería situarse en 64,5 años en 2027 y en 65,5 en 2048.

Esto se conseguiría endureciendo los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria.

Por otro lado, el controlador fiscal plantea elevar el período de cómputo que se toma para calcular el importe de la pensión, y empezar a tomar en cuenta toda la vida laboral, como se hace en muchos países de Europa. Este período está hoy fijado en 22 años, y se prevé aumentarlo hasta 25 años en 2022, tras la reforma del sistema de pensiones.