Cuando quedan poco más de dos meses para que se cumpla el plazo para la aplicación del Brexit -29 de marzo, si no se producen cambios- y con un escenario que invita a creer que la salida del Reino Unido de la UE puede producirse sin acuerdo entre ambas partes, el Gobierno español está preparando un plan de contingencias para afrontar las consecuencias de ese proceso. Existen diversas derivadas, que afectan a fronteras y ciudadanos, pero el impacto más complejo y preocupante es el que tendría en Iberia y Vueling, en el sistema de transporte español y en el turismo.

Bruselas comunicó el pasado año que las líneas británicas serían consideradas pertenecientes a un tercer país en el caso de un divorcio sin acuerdo, y que además no se aplicaría un periodo transitorio. Lo que viene a significar que la antigua aerolínea pública española perdería las licencias que concede para Agencia Europa de Seguridad Aérea para volar dentro del territorio comunitario, incluido el español.

En este contexto es en el que ahora trabajan las compañías aéreas -no solo IAG, también easyJet, Ryanair y otras sociedades-, así como los ministros de Fomento, José Luis Ábalos; el de Exteriores, Josep Borrell, y de  Industria, Reyes Maroto.

Hay varias alternativas encima de la mesa, pero parece que las que podrían pactarse con más facilidad en el seno de IAG, y con el previsible apoyo del Gobierno, no satisface a Bruselas. La Comisión Europea no quiere permitir una solución ‘blanda’,  y va a defender la prohibición de operar a las aerolíneas que tengan más del 50% de accionistas no comunitarios.

Pese al complejo acuerdo que pactaron British Airways e Iberia sobre derechos de voto y la creación de un holding local con sede en Madrid, la Comisión argumenta que Iberia es 100% de IAG, por lo que este grupo tendría que perder la mayoría del capital en favor de socios comunitarios para eludir la aplicación de la normativa vigente. Otra vía es la división del grupo que se traduciría es su desmantelamiento, en el que además Iberia es la sociedad que presenta ahora mejor trayectoria y más elevado crecimiento. Las dos ‘soluciones’ implicarían grandes perjuicios a los accionistas: el primer socio de IAG es Qatar Airways, con el 20%.

Otra cuestión relevante: ¿Quienes podrían ser los accionistas de Iberia? ¿Se intentaría, al mismo tiempo, una fusión de aerolíneas españolas? Fuentes consultadas señalan que el principal objetivo del Ejecutivo es convencer a las autoridades comunitarias de que Iberia es española y sobre el caos que conllevaría la retirada de las licencias. Pero este no es la única vía en la que se trabaja. Respecto al comprador, medios internacionales han destacado que las grandes aerolíneas comunitarias, Air France-KLM y Lufthansa tendrían problemas con la normativa sobe competencia, mientras que la entrada de socios españoles –como empresas de infraestructuras- debería materializarse a través de un concurso.

Desde Fomento se confía en que las compañías aéreas analicen en qué medida se verán afectadas y, en consecuencia, realicen ajustes para cumplir con la normativa comunitaria. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció el viernes la apertura de una página web esta semana para informar sobre el Brexit.