Las políticas de vivienda contarán con 679 millones, un 41% más

14/01/2019

diarioabierto.es.

La política de vivienda contará con una dotación de 679 millones de euros en el ejercicio de 2019, un 41% más que la cuantía contemplada para 2018, que ascendía a 481 millones de euros, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

De este importe, el 95,7% corresponde a los créditos asignados al programa de promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a vivienda que contiene, entre otros, los créditos destinados a ejecutar los planes de vivienda.

Por un lado, se destinarán 410 millones de euros para subvenciones de planes de vivienda y 80 millones a subsidiación de préstamos. Por otro lado, se dotará con 137 millones de euros al ‘Plan 20.000 viviendas’, que tiene por objeto «el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales».

Las dotaciones presupuestarias de la política de vivienda incluyen, además, un conjunto de acciones puntuales para atender problemas específicos, como las subvenciones para la remodelación de barrios mediante convenios con administraciones territoriales, así como otras líneas de acción que abarcan desde estudios de investigación y fomento de arquitectura y vivienda hasta las intervenciones arquitectónicas y de ingeniería en obras específicas de rehabilitación patrimonial.

En concreto, para convenios con distintas comunidades autónomas y entidades locales, suscritos a través de Sepes o por la propia Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, se destinarán cuatro millones de euros.

El proyecto de Presupuestos asegura que la Administración General del Estado asume las competencias dirigidas, fundamentalmente, a la planificación, impulso, gestión y coordinación en materias con incidencia en la vivienda, arquitectura, el urbanismo y sobre política de suelo.

«España afronta retos importantes en esta materia que, en la actualidad, se ligan de manera especial a la precariedad del acceso a la vivienda, sobre todo en régimen de alquiler», apunta el texto, que también afirma que es «oportuno» abordar la tarea de elaborar una Estrategia de Vivienda y una Ley básica estatal que proteja los derechos de los ciudadanos.

Así, asegura que el vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 supone «un importante esfuerzo» por adaptar la política de vivienda a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos disponibles, concentrándolas en el fomento del alquiler y de la rehabilitación y regeneración urbana y rural, con especial atención a las personas objeto de desahucio y las ayudas a la accesibilidad universal.

Concretamente, el Plan Estatal introduce algunas modificaciones respecto al anterior plan. De hecho, incorpora la posibilidad de otorgar ayudas al alquiler a beneficiarios que abonen una renta de hasta 900 euros al mes, frente a la limitación de 600 euros al mes del anterior plan. También se incorpora el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, especialmente en el caso de la población más vulnerable.

Además, el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, recientemente aprobado, aborda, entre otros, la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda recuperando los plazos anteriores, modifica el régimen de propiedad horizontal para impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad, junto al procedimiento de desahucio cuando afecte a hogares vulnerables.

La Renta Básica de Emancipación (RBE) sigue generando obligaciones de pago. Aunque en 2011 se suprimió la posibilidad de nuevos reconocimientos de la ayuda, se mantiene para aquellos colectivos que la tenían reconocida con anterioridad siempre que cumplan los requisitos exigidos.

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