La Disposición Final 16ª del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año modifica la Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, y  faculta a la Administración Tributaria para comprobar que el número de accionistas requerido a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) españolas reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4 (actualmente cien).

La Asociación Española de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) replica que las SICAV están reguladas por las Directivas europeas desde hace más de 30 años, y que este vehículo de inversión existe en todos los países de Europa. Además de los requisitos establecidos a escala europea (transparencia, supervisión y diversificación, entre otros), las Sicav españolas ya tienen un régimen más exigente, pues adicionalmente deben contar con un número mínimo de cien accionistas, no previsto en la Directiva ni en la práctica totalidad de países.

«Esta diferencia ya supone en la actualidad un peor tratamiento para las Sicav españolas», remarcan desde Inverco.

La encomienda a la Administración Tributaria de la potestad para comprobar el cumplimiento del número mínimo de accionistas «no hace sino alejar aún más a las Sicav españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con sus correspondientes efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos, al desplazar sus inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad, hacia otras jurisdicciones comunitarias».

Inverco subraya que las Sicav españolas tienen un «claro sesgo inversor» hacia los activos domésticos, invirtiendo casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros en éstos cuando el peso de España en los índices mundiales no supera el 2%.

«Además son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales», insisten en la asociación.

Las Sicav contribuyen, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva, a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta
cualificación.