Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Este aforismo popular viene a definir con claridad y exactitud el proyecto de Presupuestos del Estado que ha dado a luz con fórceps el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y del que lo mejor que se puede decir es que les sobra el “pre” y se quedan en supuestos rayando la utopía.

Supuestos en sus objetivos y en las cuentas. Porque pretendiendo ser unas cuentas eminentemente sociales al final a quienes gravan y perjudican es a las clases medias y a las más desfavorecidas, a las que se pretende engañar con cantos de sirena como la subida del salario mínimo o de las pensiones (por cierto la misma que ya estaba en los Presupuestos de Rajoy) pero a las que se exprime con una orgía de subidas fiscales directas en el IRPF y Patrimonio, e indirectas en el IVA, el impuesto sobre el diesel, la llamada tasa Google para las empresas digitales y tecnológicas, o la tasa Tobin para las transacciones financieras. ¿O es que hay alguien, todavía, tan ingenuo que piensa que tanto las tecnológicas, los bancos o las petroleras no van a repercutir estas subidas fiscales a los clientes en precios, comisiones o tipos de interés?

Pero lo que resulta aún más grave y delirante es que el Dúo Dinámico del equipo económico del Gabinete nos intente vender un crecimiento del empleo de nada menos que 800.000 puestos de trabajo en un contexto de rebaja de dos décimas en el crecimiento de la economía, caídas en la variación del consumo público y privado hasta el 1,7 y el 1,4 por ciento respectivamente, subida de las cotizaciones sociales y un incremento desmedido en la carga fiscal sobre las empresas que crecerá en conjunto un 14 por ciento, incluyendo el gravamen del 5 por ciento a los dividendos en el extranjero que supone, además, un lastre adicional a la ineludible internacionalización de nuestro tejido empresarial.

Una política fiscal claramente esquilmatoria que las empresas, en un contexto de ralentización económica y cuando todavía no han conseguido equilibrar los beneficios, van a compensar con una reducción de costes, especialmente laborales. O lo que es lo mismo, reduciendo empleo para poder equilibrar el alza impositiva. Cuando todos los analistas, servicios de estudios y hasta la demagogia electoral de los partidos políticos coinciden en que la mejor política social es la creación de empleo, ¿me pueden explicar las señoras Montero y Calviño, donde está el carácter social de unos Presupuestos que abocan nuevamente a la destrucción de puestos de trabajo y que será más acentuada si se modifica la reforma laboral?

Pero donde la suposición de este supuesto Presupuesto empieza a asemejarse al delirio es en el capítulo de los ingresos. Donde se prevé un incremento de 20.000 millones, fundamentalmente por ese crecimiento desmesurado en la fiscalidad, pero que se fundamente sobre figuras impositivas que todavía no existen, como las tasa Google, el diesel o la Tobin, y una subida en la recaudación por los impuestos ya en vigor cuando todo el mundo, dentro y fuera de nuestras fronteras, habla ya de desaceleración.

Por cierto y volviendo a la cuestión social. ¿Es de recibo el derroche de millones que el Gobierno destina a Cataluña hasta elevar el peso de la inversión en esta comunidad al 18 por ciento del PIB, un 66 por ciento más, sin haber aprobado la reforma del sistema de financiación autonómica y cuando hay comunidades en situaciones de urgencia social y graves déficits de infraestructuras como Extremadura o las dos Castillas?

Se trata de un nuevo peaje de Sánchez a los golpistas catalanes para conseguir mantenerse unos meses más en La Moncloa y que, si finalmente salen estos Presupuestos, vamos a pagar todos los españoles a mayor gloria de Puigdemont, Torra, Rufián y sus mariachis.