El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a Banco Santander como persona jurídica en la causa que investiga la gestión de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y la ampliación de capital realizada en 2016 por la entidad. Tanto Ron como Saracho pueden haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

El magistrado toma esa decisión una vez realizada la inscripción del acuerdo de fusión por absorción en el que el Santander adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Banco Popular.

En el auto, el juez ecuerda que “la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión”.

De esta manera, el Santander ‘hereda’ la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los gestores del Popular, que ya no existe como persona jurídica.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el anterior juez instructor de la causa, Fernando Andreu, abrió  dos piezas separadas: una relacionada con la ampliación de capital realizada en 2016 por importe de 2.505 millones de euros; y otra, con la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos e informaciones “falsas” antes de que el Popular fuera vendido al Banco Santander.