Unos 6,5 millones de puestos de trabajo podrían haberse creado en Europa si hubiera habido menos retrasos en el pago de facturas a proveedores, según el último informe sobre la morosidad en las transacciones entre empresas elaborado por la Comisión Europea.

La eliminación de la morosidad crónica en Italia, Portugal y España reduciría entre 124.000 y 248.000 los cierres de empresas cada año, estiman los expertos de la Comisión Europea.

Éstos recomiendan «una correcta gestión de las facturas y del crédito, porque proporcionaría un mayor nivel de estabilidad a las empresas».

La Comisión Europea aconseja a las pymes formarse en gestión de créditos para conocer técnicas de control eficaces con las que acortar el período medio de cobro y mantener un flujo de caja óptimo, reduciendo así el riesgo de impago y aumentando el potencial de crecimiento.

Otra de las recomendaciones del informe de la Comisión Europea para reducir la morosidad en los países miembro es instaurar un régimen sancionador, que en España se pondrá en marcha este año y prevé multas de hasta más de 800.000 euros.

Para el presidente de la la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, el régimen sancionador es “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad». «Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”, recalca.

Consecuencias del impago

La morosidad puede provocar a corto y medio plazo problemas de flujo de caja y pérdida de ingresos, lo que tiene consecuencias más amplias para la economía, ya que impide que las empresas inviertan y crezcan. Este lento crecimiento y la incapacidad de contratar a más empleados son impactos de la morosidad que inciden directamente sobre el PIB y el empleo de una nación.

Cuando los problemas de flujo de caja se alargan en el tiempo pueden dificultar la liquidez de las empresas que intentan cumplir con sus obligaciones contractuales con los proveedores o el personal y, en casos extremos, puede derivar en despidos.

Si el flujo de caja se hace insostenible entonces se convierte en una amenaza para la supervivencia de la empresa y puede conducir a la quiebra. Así lo afirma una de cada cinco empresas del sur de Europa (España, Grecia, Croacia y Rumanía).

Pero la cuestión del flujo de caja no es únicamente una causa de morosidad, advierte Antoni Cañete. El presidente de la PMcM insiste en que se pongan en marcha las recomendaciones de la Comisión Europea para obtener un flujo de caja más saludable.