EL otro día me subí en un taxi que era un TESLA de última generación. Sorprendido, le pregunté al conductor cómo podía permitirse pagar semejante vehículo con un coste prohibitivo. Su respuesta fue de lo más elocuente; ganamos lo suficiente para tener el vehículo que queramos, pero mis compañeros no gastan en los vehículo porque no ven la necesidad y muchos son grupos de taxis de un mismo propietario que los explota hasta exprimirlos.

En un país en que durante décadas la mayor aspiración ha sido lograr ganar una oposición, se entiende bien lo que pretende la huelga del taxi; perpetuar los derechos de un colectivo en detrimento de los derechos de los usuarios. Desgraciadamente, está atestiguado por toda la moderna teoría económica que las situaciones cuasi-monopolistas son una formula garantizada para impedir el progreso económico y restar valor al consumidor. Aún más, cuando a un colectivo se le otorga poder cuasi-monopolista, se les está regalando el poder de negociación. Porque, por definición, los cuasi-monopolios, además de tender a auto-perpetuarse, controlan centros de actividad económica.

Muchos poderes cuasi-monopolistas han tenido que ser desmantelados en este país en el pasado. El fin de la autarquía industrial dio lugar, en el momento de acceso a la Mercado Europeo, al desmantelamiento de las actividades productivas que se habían desarrollado en un periodo de aislamiento económico y escaso comercio internacional. Las luchas de los colectivos afectados por perpetuar sus derechos fue intensa y violenta (sector siderúrgico, sector minero, sector naval,..) pero pudo saldase con el salto a la modernidad. La razón de fondo, al igual que en el caso del taxi, era la falta de competitividad de la industria afectada, falta de competitividad que se deriva de la ausencia de competencia, no porque no exista, sino porque se la prohíbe de facto mediante limitaciones de jiure que solo tienen como finalidad poner trabas a la libre competencia, dificultar el uso del servicio e impedir que se introduzcan las mejoras a las que el usuario tiene derecho; abaratamiento y mejorar el servicio.

Los taxistas han tenido una larga oportunidad de ponerse en situación adoptando las nuevas tecnologías y mejorando el servicio, de forma que no hubiese habido lugar para los competidores porque no tuviesen nada diferencial que ofrecer. Pero todos hemos sido testigos de cómo el colectivo de taxistas ha adoptado tarde las nuevas tecnologías, sigue sin entender qué es dar un buen servicio al usuario (limpieza, amabilidad, uso de la radio, uso de la climatización, presencia física, limpieza del vehículo,…) y solo se han preocupado del aumento de tarifas, sin entender que el secreto de los ingresos no siempre está en el precio sino en el uso. De hecho, los colectivos de taxis podrían haber sido los Uber y Cabify anticipados a los que no hubiese sido difícil copiarles. Si el colectivo de taxis hubiese demostrado igual unidad, decisión y capacidad de inversión económica que están exhibiendo en esta huelga, habrían podido reciclarse solos en los Uber y Cabify, cerrando el paso a la competencia por habérseles anticipado. Pero optaron en cambio por perpetuar sus formas de operar, esperaron hasta que fue tarde y ahora reclaman al Gobierno que prohíba la competencia para beneficiarles a ellos a costa del resto de ciudadanos. Como si la función del Gobierno fuese ir eligiendo a quién castigar y a quién beneficiar a costa de todos.

La realidad de la situación es que los taxistas, como colectivo, tiene capacidad de lobby y poder de negociación. Ambas cosas son la prueba de su ineficiencia. Ningún sector abierto a la libre competencia posee semejante poder de negociación. Y por ello, lo mejor que podría ocurrir en este pulso al Gobierno es que no se cediese frente a sus exigencias. Como en el caso de otros precedentes en el sector industrial, se podría compensar al colectivo si se evidenciase que existen grupos particularmente afectados sin capacidad de reorganizarse para ajustarse a la nueva situación. Pero compensar no es convertirlos en dependientes vitalicios de la subvención publica. Más bien sería ayudarles a transformarse, a reciclarse ante la nueva situación del sector. Hay, de hecho, una responsabilidad en el Gobierno que por complacencia ha dejado que las cosas se desarrollasen en esta dirección.

Pero no tiene sentido dar la espalda a las mejoras que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de operar y competir traen para el ciudadano porque un colectivo quiera preservar un monopolio, abierta o encubiertamente. Nada menos eficiente, nada menos democrático y nada más lejos de lo que necesita este país para no perder el tren del desarrollo. Poner trabas a Uber y Cabify, poner impuestos a Amazon y Google es la antesala de penalizar la actividad de los emprendedores. La revolución tecnológica es disruptiva por naturaleza y necesaria por definición. Plantarle cara al progreso es una elección que solo puede ahuyentar al desarrollo, porque tenemos en el horizonte una serie de sectores que se van a ver igualmente afectados por esa disrupción tecnológica, bien sea a causa de la Robótica y la Inteligencia Artificial en el mundo bancario, bien sea en las AAPP con la mejora y automatización de procesos. Hace mucho que no piso una agencia de viajes, una taquilla de cine y sucursal bancaria y espero que no vuelvan a obligarme hacerlo. Menos como consecuencia de las exigencias de un colectivo que se vea afectado por la modernización de los ervicios que ofrecen.

Y como los taxistas no tiene razón en sus planteamientos, su postura de extorsión está generando un rechazo en el público que les pasará factura. Cada vez escucho a más gente decir lo mismo; que solo usarán un taxi cuando no tengan alternativa. Desgraciadamente, eso es lo que persigue la huelga; que nadie tenga alternativa y ellos se perpetúen como el feliz monopolio del taxi. Si el gobierno está dispuesto a plegarse al dictado de la calle, que al menos haga una encuesta entre los ciudadanos y luego decida.