El Gobierno de Pedro Sánchez es capaz de derrotarse a sí mismo con tal de no interferir las leyes del mercado. Lo vimos el martes en el pleno extraordinario del Congreso, donde la minoría socialista aceptó con una normalidad pasmosa la derrota y anulación del real decreto de mejora de las condiciones de los alquileres de viviendas e inmuebles antes de regular los precios y acabar con las subidas abusivas de los arriendos, como pedía Podemos y había aceptado, por escrito, el Ejecutivo.¿Por qué firman un día y se desdicen al siguiente? ¿Acaso la ley de la oferta y la demanda es sagrada e inalterable? ¿Se han vuelto isotérmicos los socialistas ante el sacrificio que para millones de jóvenes trabajadores con contratos bajos y precarios supone el alquiler de un piso? Ellos dicen que no, juran en arameo que son sensibles a los abusos, pero, mientras tanto, en muchas ciudades españolas no hay quien viva, ni siquiera en esas “soluciones habitacionales” de veinte o treinta metros cuadrados que en Madrid y Barcelona ya superan los quince euros por metro al mes.

Si la Constitución reconoce (aunque no con carácter imperativo e inalienable) el derecho a techo, nada impide al Gobierno adoptar las normas para que la subida de los alquileres no supere el incremento anual del precio de las cosas. Y sin embargo, opta por incumplir el acuerdo con Podemos y trata con paños calientes la gangrena de la especulación galopante provocada por unos fondos financieros cuya única ética es el beneficio. ¿Se ha aliado con la Banca, con los inversores carroñeros, los casatenientes y los ricos el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Lo ha hecho en detrimento de sus propios clientes, es decir, sus votantes? Los socialistas juran en persa que no. ¿Entonces? Ellos dicen que no es el momento de poner las peras a cuarto a los especuladores. ¿Cuando, pues? Los más avisados contemplan el riesgo de ceder a los ayuntamientos la capacidad inspectora y sancionadora de los abusos antes de las elecciones de mayo porque podrían provocar distorsiones inconvenientes para tener la fiesta en paz. En resumen: ni ceder poder ni, mucho menos, soliviantar a la derecha económica y política.

Pero no cabe engañarse; a esa derecha crispada y crispante que el Ejecutivo de Sánchez procura no soliviantar le importa un rábano el desequilibrio cuando lo sufre el tercio y mitad de la sociedad empobrecida. Su patriotismo de bandera y cartera quedó demostrado en el mismo pleno del martes con el voto del PP y C’s en contra a los decretos de subida de las pensiones de acuerdo con el IPC y de aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales, unas medidas nada izquierdistas, sino de estricta justicia, pactadas por el PSOE y Podemos con el visto bueno del PNV y los accidentalistas canarios.

En esa mayoría parlamentaria que sacó adelante los decretos de pensiones y salario mínimo, y en la eventual abstención de los nacionalistas catalanes, confía Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año, principal baza electoral ante los comicios locales, autonómicos y europeos de mayo. Lo demás, la pérdida de la votación del decreto de los alquileres se interpreta como una pequeña avería del recorrido. Los socialistas prometen repararla tras la aprobación del Presupuesto. Lo importante, en fin, es que las derechas gritan y protestan mientras ellos adoptan algunas decisiones de contenido social e intentan pacificar Cataluña. Y al modo clásico prorrumpen: “ladran, luego cabalgamos”.