El futuro de las centrales nucleares es quizá el tema más complejo al que se enfrenta el Gobierno en materia de política energética. Lo es por razones técnicas -hacer compatible los objetivos de cierres escalonados de esta tecnología y la seguridad del suministro-. Y, a la vez y relacionadas, con las metas de reducción de emisiones de CO2 y con la intención de no recargar más el recibo eléctrico con costes asociados o tecnologías más caras. Además, al panorama se suma las divergentes posiciones de las empresas.

En este contexto, una de las posibilidades que se ha planteado en el sector es el intercambio de activos. Las transacciones permitirían a Endesa, que es mayoritaria en Ascó I y II y en Vandellós II, seguir operando las centrales con el total control de la gestión, dentro de una solución conjunta para esta energía. No es la única vía, pero la posibilidad está ahí, si bien es una cuestión que depende también, entre otros aspectos, de que los plazos de amortización se alarguen a 50 años (es el periodo que la empresa tiene fijado en su contabilidad) y de solucionar los costes de desmantelar las centrales (la de Zorita todavía está en ese proceso).

El plan se enfrenta también a las reticencias de Iberdrola con las centrales nucleares, de las que su presidente, Ignacio S.Galán, ha mostrado y reiterado que nos son rentables para el grupo. Si bien la eléctrica tiene posiciones fuertes en el área, con mayoría en Trillo y el 100% de Cofrentes y parece obligada a negociar, ya que la Administración no quiere permitir medidas unilaterales.

Naturgy, que cuenta con posiciones minoritarias en Trillo y Almaraz, está a la espera de que Endesa e Iberdrola alcancen un preacuerdo, para analizar las propuestas que le puedan afectar.

Este escenario se complica con el desacuerdo respecto a Almaraz, el plazo para presentar una propuesta, que debe ser unánime, acaba el 29 de marzo, y las compañías intentan evitar sanciones. En  esta línea mantendrán  un nuevo encuentro este martes. Si bien el tema más complejo y que más reticencias crea es el de los costes para del desmantelamiento de las centrales. Endesa quiere evitar que las compañías más proclives a cerrar, sin pedir prórrogas, se ‘queden’ con el presupuesto que le queda a Enresa.

En el sector se habla, asimismo, de ir a un arbitraje exterior. No obstante, dado los plazos que requiere ese proceso, el tema puede ser inviable.

Mientras, se multiplican la reuniones del conjunto de las eléctricas integradas que operan en España, los encuentros más restringidos -entre dos compañías- y las conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica. Estos movimientos, que se apoyan en informes económicos y técnicos, tienen como objetivo alcanzar ese complejo acuerdo que permita el cierre escalonado de megavatios nucleares que se combinaría con el alargamiento regulado de la vida de otras centrales. El ministerio puede fijar un calendario de cierre de megavatios sin especificar la central en el Plan Nacional de Energía y Clima y la ley de Cambio Climático.