El Gobierno socialista parece dispuesto a quemarse el trasero en la silla de negociación con los empresarios. A pesar del preacuerdo – anunciado por Comisiones Obreras en diciembre y rápidamente desmentido por la ministra de Trabajo – para la aprobación de una contrarreforma laboral, el Ejecutivo socialista se tienta la ropa antes de pegar un puñetazo sobre la mesa y deshacer la reforma laboral de 2012 por decreto, tal y como le exigen sus socios presupuestarios de Unidos Podemos y, sobre todo, las centrales sindicales.

Sin embargo, fuentes empresariales afirmaron hoy que las cosas se mueven. El Ejecutivo socialista podría estar dispuesto a rebajar su intención de gravar los contratos de menos de 5 días con una sobrecotización; incluida en un real decreto aprobado el pasado 28 de diciembre, que se tramitará como proyecto de ley; mientras también se aproximan posturas en otros asuntos que hay sobre la mesa, como devolver la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, y ampliar la cobertura y los derechos de los trabajadores que faenan en las subcontratas.

La cuestión se dilucida en un doble frente. Por un lado, los sindicatos presionan al Gobierno con una movilización creciente para que el Ejecutivo legisle sin más, a través de un real-decreto-ley, que salte sin más por encima de la opinión de los empresarios, y devuelva a los trabajadores algunos de los derechos perdidos con la ‘reforma Báñez’ de 2012.

Pero los socialistas desean evitar esta vía. Pretenden en cambio introducir sus modificaciones en una proposición de ley que se tramita en el Congreso en torno al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las condiciones de trabajo en las subcontratas.

En este sentido, los socialistas pretenden forzar rápidamente un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias – pues necesitan a los nacionalistas vascos y catalanes, además de a Unidos Podemos – para impulsar esta proposición y frenar así las protestas sindicales.

Protestas la próxima semana

Los sindicatos conocen la debilidad parlamentaria del Gobierno y pretenden explotarla, para lo cual han convocado una demostración de fuerza el próximo 8 de febrero en una gran asamblea que prevé reunir a 10.000 delegados llegados a Madrid de toda España.

Unas protestas que se prolongarán con nuevas movilizaciones el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en el caso de que el Gobierno no ceda y se resista aún a aprobar el real-decreto-ley que contenga la ansiada contrarreforma.

En esta proposición de ley se incluyen otros asuntos de la máxima importancia, como la prórroga indefinida y automática del convenio colectivo al cumplir su vida legal, la llamada ultraactividad, rebajada a un año por la reforma de 2012; así como la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa.

Las mismas fuentes empresariales aseguran que, en cuanto a la ultraactividad, las posiciones podrían aproximarse en torno a un nuevo plazo, de un año, pero a contar a partir de la fecha de arranque de la negociación del nuevo convenio, y no desde la fecha de vencimiento del antiguo, como hasta ahora.

La proposición incluiría también otro asunto polémico, como el registro horario que el Gobierno quiere imponer a las empresas para evitar el fraude que se produce con las horas extras no retribuidas con especial incidencia en el caso de los contratos a tiempo parcial.

En este sentido, los empresarios proponen que, en lugar de volver a la máquina de fichar, se utilicen para este control los datos que figuran en el sistema Red de la Seguridad Social, especialmente en el caso de las pymes.

Los empresarios defienden que la pretensión de los sindicatos es forzar el real-decreto-ley, aunque luego se tramite como proyecto de ley. En este caso, si la legislatura se acorta, o no da tiempo a cumplir con la tramitación de dicho proyecto de ley, la contrarreforma laboral permanecería vigente, al figurar así en el real-decreto-ley originario.