Así lo han anunciado el consejero de Territorio, Damià Calvet, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

El consejero de Territorio ha defendido que el decreto ley «no regula ni en favor de unos ni en contra de los otros», y que la fijación de la antelación de 15 minutos es «proporcional, razonable y competitiva». Asimismo, argumenta que la norma permite diferenciar a los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), y ofrece una oportunidad para la convivencia y la competitividad de ambos modos de transporte urbano en beneficio de los usuarios. «El taxi tiene que hacer de taxi y el VTC, de VTC», sentenció.

La norma, cuyo anuncio supuso que el taxi de Barcelona concluyera el paro indefinido que llevó a cabo la pasada semana en la ciudad, supondrá que las principales firmas de vehículos de alquiler con conductor dejen de prestar servicio en Cataluña, tal como ellas mismas han avanzado en los últimos días. En concreto, Uber aseguró el pasado miércoles que dejaría de prestar su servicio UberX en Cataluña «si finalmente se aprueban las restricciones anunciadas por la Generalitat». De su lado, Cabify indicó ese mismo día que el Govern les «expulsaría» si aprobaba esa normativa. Asimismo, este martes un conjunto de firmas del sector, entre ellas Vector, ya inició trámites para abordar un ajuste de empleo de 1.000 trabajadores.

Barcelona es la segunda ciudad española, por detrás de Madrid, con más número de vehículos de alquiler con conductor. Al cierre de 2018, la ciudad contaba con 2.283 coches de este tipo, lo que arroja una proporción de un vehículo por cada cinco taxis, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento.

La norma aprobada por el Govern permite además que ayuntamientos y otros entes supranacionales eleven hasta una hora el tiempo mínimo de antelación para contratar un servicio de VTC.

Un colectivo de unos 700 conductores de VTC se han concentrado ante Generalitat, coincidiendo con la aprobación de la nueva regulación y han entregado unas 10.000 firmas de rechazo a la misma.

Además de los tiempos de antelación, el decreto ley prohíbe que las plataformas como Uber y Cabify puedan indicar dónde están sus vehículos antes de que el cliente les contrate. No obstante, el Ejecutivo catalán prevé dar al sector una moratoria para adaptarse a esta medida. También ratifica la prohibición legal de que los VTC circulen por las vías públicas buscando clientes o propiciando su captación. Para ello, deberán estacionarse en aparcamientos y garajes cuando no estén realizando ningún servicio.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas se considerará una infracción grave y, por tanto, supondrá multas de hasta los 1.400 euros. En concreto, el incumplimiento de la contratación con una antelación de 15 minutos se considera podría suponer una multa de 1.001 euros.

Para controlar la actividad de los VTC, la norma habilita a los ayuntamientos a constituir un registro de vehículos de este tipo que operan en su ámbito territorial para garantizar el cumplimiento de las condiciones que fija. De hecho, el Govern activará esta misma semana su registro de vehículos VTC, que estaba en periodo de pruebas, y que servirá para regular de manera transparente esta actividad. Además, habilitará a Mossos d’Esquadra y policías locales, además de inspectores del departamento, a inspeccionar e imponer sanciones.

El decreto ley se publicará este jueves en Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y entrará al día siguiente, el viernes 1 de febrero, a pesar de que el Govern tiene un mes para convalidarla en el Parlament.

No obstante esta nueva regulación, el Govern prevé desarrollará una ley para regular de manera integral el transporte de viajeros con turismo (taxis y VTC) en Cataluña. La Consejería trabaja ya en la redacción de la memoria preliminar de la ley y prevé hacer una consulta pública previa antes de abril e iniciar su tramitación después. «No queremos perder el tiempo», aseguró el consejero. Esta ley regulará aspectos como la formación de conductores, sus turnos y periodos de descanso, la reducción del impacto ambiental de esta actividad, el uso de nuevas tecnologías, mayor transparencia en las tarifas de los VTC, así como su número total y cómo se transmiten. Para afrontar esta reforma integral, Calvet ha anunciado que se requerirá un fondo de dinero para impulsarla, que podría tomar la forma de una tasa, aunque ha remarcado que lo tendrá que determinar el Parlament.