Juicio a la justicia

04/02/2019

Josep M. Orta.

El próximo día 12 empieza el juicio por el «procés» donde una parte significativa del gobierno catalán se sienta en el banquillo por los hechos de setiembre y octubre del pasado año. No hace falta ser un experto jurista para entender que no solo se trata de un juicio político si no que muchos dirigentes políticos ya los han condenado de antemano.

Lo que sí coinciden muchos juristas es que la instrucción del proceso está lleno de irregularidades violando no pocos derechos de los encausados. Incluso el Tribunal Constitucional ha tenido un papel significativo en todo este proceso admitiendo prácticamente todos los recursos para dejar que almacenaran polvo en sus cajones, y esto que habían temas urgentes como la permanencia en prisión de varios procesados, pasando por la destitución, para muchos irregular, del presidente Puigdemont o la alteración de la composición del Parlamento catalán o el suspender una sesión de investidura de un candidato a la presidencia. Con ello cerraban las puertas a que los afectados recurrieran a la justicia europea.

El aparato del Estado ha puesto toda la carne en el asador en este proceso, incluso algunos altos cargos no han dudado en afirmar que la integridad territorial está por encima de las leyes.

La misma intrucción ha escandalizado a no pocos juristas, pese a que los miembros del Tribunal Supremo han cerrado filas con la acutació del juez Llarena así como la interpretación que ha hecho de las leyes (la rebelión) que ha permitido la prisión de dirigentes encausados privándoles de ejercer los derechos que tenían como diputados.

El juez Marchena, que presidirá el tribunal, pretende convertir en técnico lo que es un juicio político y que su actuación será analizada con lupa tanto en España como en el mundo. La confianza en el sistema judicial español está en entredicho últimamente, así como la separación de poderes (muchas decisiones judiciales las han filtrado a la prensa antes de hacerse públicas o incluso las había augurado algún ministro del PP). Claro que los mismos políticos que ahora se llenan la boca proclamando la independencia judicial no han dudado en descalificarla cuando sus decisiones no les han gustado, (recuérdese lo que dijo el PP cuando le registraron su sede de Génova, como botón de muestra). Y para recordar, aún están recientes los descalificativos que dedicaron prestigiosos políticos a los tribunales europeos que negaron la extradición de los políticos exiliados

A partir del próximo martes no sólo se juzga a los procesados si no que será también un juicio a una justicia española que está bajo sospecha.

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