El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, interroga al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en el juicio por la salida a Bolsa.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato confiaba en poder devolver los 6.000 millones de euros recibidos por parte del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), y que en esa confianza participaba también el Banco de España. Pero alega, en la cuarta sesión de su interrogatorio por parte del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que «lo posible puede luego no suceder».

El juicio se había suspendido el 9 de enero por problemas de salud de la fiscal Carmen Launa. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal lo ha retomado el 4 de febrero con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El exvicepresidente económico del Gobierno, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Caja Madrid señala que la forma más conveniente de darle a los preferentistas un instrumento líquido que pudieran vender era con el intercambio de las preferentes por acciones del banco. «Pensamos que podíamos canjear más preferentes por acciones y tener más accionistas, de forma que con el exceso de dinero que se generara se pagaría una parte del Frob», explica.

Rato, actualmente bajo prisión por el caso de ‘las tarjetas black’, precisa que el valor de las acciones de Bankia evolucionaba «como la de los demás bancos», y que el propio Banco de España reconocía que la situación de la entidad era similar e incluso mejor que la de sus competidores.

«No teníamos problemas de liquidez ni de retirada de depósitos, lo que llegó luego con la intervención», insiste. Los problemas se ampliaron justo después de que se aprobara el Real Decreto 2/ 2012 de saneamiento del sector financiero, conocido como ‘Guindos II’. Y que supuso un «saneamiento extraordinario» del riesgo inmobiliario. Rato admite que Bankia era uno de los más afectados por la nueva regulación impulsada por el ministro de Economía, Luis de Guindos (secretario de Estado de Economía cuando él era vicepresidente económico del Gobierno) porque tenía una elevada exposición al ‘ladrillo’.

Sobre la salida a Bolsa, Rato alega que en todo momento seguía los cauces marcados por el regulador: «Se nos habían dado unas concreciones muy claras de lo que teníamos que hacer, no teníamos grandes posibilidades en la toma de decisiones». «No se trata de echar la culpa a nadie. Se produjeron hechos muy comprometidos en el tiempo, todos marcados por aspectos regulatorios, muchos de ellos en rango de ley», responde a preguntas de su abogado.

En 2012 hubo un periodo «muy intenso» de regulación, en el que las posibilidades de actuar de forma autónoma se reducían. «Por un lado estaban las normas con rango de ley y, por otro, teníamos muchos controles por poseer dinero público y había interlocución total con los reguladores», precisa. Ninguna sugerencia fue desatentida, ya que el Banco de España nunca le comunicó que ni el consejo ni los ejecutivos estuvieran tomando decisiones equivocadas.

«No se tomaron muchas decisiones típicas de negocio», debido a que lo prioritario era la fusión, atraer más capital y más provisiones. «La atención regulatoria era extrema, esto no se podía negociar», subraya.

FG «me pidió que dimitiera»

Rato declara que el anterior presidente del BBVA, Francisco González (más conocido como FG), le pidió en 2012 que dimitiera al considerar que «no era buena idea» que un miembro del Gobierno del PP mantuviera el papel de presidente de un banco que debía ser rescatado. «El presidente de BBVA me pidió que dimitiera el 6 de mayo de 2012 en las oficinas del Ministerio de Economía en el Paseo de la Castellana», en una reunión en la que estaban también los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín (ya fallecido), y de CaixaBank, Isidro Fainé (ahora al frente de La Caixa), y el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Poco después de que FG le pidiera su dimisión lo haría De Guindos. «Estuve de acuerdo con lo que me había pedido el ministro, ya que pensé en el interés de los accionistas. Si yo era un problema no tenía inconveniente en marcharme», señala. De Guindos le dijo que se fuera «inmediatamente sin esperar ningún plazo». «Así lo hice, lo comuniqué en un correo interno a la plantilla antes de comer el día 7 y por la tarde lo anunciamos Goirigolzarri y yo a la opinión publica», explica.

«Tampoco me iba a poner a pedir explicaciones, me parecía algo bastante inútil. Yo había entendido ya el mensaje de que tenía un margen de maniobra limitado y solo en caso de que fuera útil para los intereses de los accionistas debía continuar», añade.

El juicio se retrasa de nuevo

La jueza Ángela Murillo ha vuelto a suspender el juicio por la salida a Bolsa debido a que la fiscal del caso, Carmen Launa, continúa sin estar «en disposición de atender los siguientes señalamientos por enfermedad», aunque el Ministerio Público se ha comprometido a reanudarlo el 18 de febrero. Con esta fiscal, si ya está recuperada, o con otro.