Mírense por donde se miren y se vistan como se vistan, los datos de empleo en el pasado mes de  enero, suponen un gravísimo revés al mercado laboral español y el anuncio de una nueva etapa de vacas flacas en la creación de puestos de trabajo, cuando aún no nos habíamos repuesto de las secuelas de la crisis. Un total de 83.464 parados más y la pérdida de casi 205.000 afiliados a la Seguridad Social son unas cifras pésimas y que nos devuelven a los meses anteriores a la recuperación económica.

“Esto es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir a lo largo del año”, vaticinaba el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, durante los desayunos de The Experience Club, quien alertaba, además, de la fuerte caída del empleo autónomo “que nos devuelve a 2012” y que apostillaba con un dato escalofriante: “unos 70.000 comercios de toda España van a cerrar sus puertas durante los próximos cinco años”.

Las negras previsiones de Amor  se suman a los negativos augurios de la Unión Europea, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), FUNCAS y otras organizaciones y servicios de estudios públicos y privados, que coinciden también en las causas de esta involución, entre las que destaca la desaceleración económica internacional, cuyos primeros síntomas ya están llegando a España, pero que en nuestro país se agravan por la caída en la confianza de los consumidores y las medidas del Gobierno, tanto las ya aprobadas como las que se anuncian en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Entre las ya en vigor todos los analistas coinciden en resaltar la subida del salario mínimo  en un 22,3 por ciento, que implica además un aumento similar en las cotizaciones a la Seguridad Social. Una decisión que el Ejecutivo adoptó para contentar a sus socios de Podemos, y que el Banco de España estima va a suponer la destrucción de 125.000 empleos. Cifra que el que fuera ministro de Economía con Felipe González, Carlos Solchaga, rebaja a 60.000, igualmente escandalosa, mientras calificaba de “disparate” esta subida.

Y nadie discute la necesidad de subir este salario mínimo, sino el haberlo hecho de golpe, cuando la lógica y la sensatez aconsejaban una subida gradual en tres o cuatro años. “Si un autónomo o un pequeño empresario tiene aumentar un 22,3 por ciento el suelo y en otro tanto las cotizaciones sociales sin que pueda incrementar sus ingresos en la misma proporción para hacer frente a la subida, no le quedará más remedio que reducir gastos a través del empleo”, apuntaba Amor.

La subida de la fiscalidad a las empresas en un 14 por ciento y los nuevos impuestos sobre el gasóleo o las transacciones financieras son las otras dos nubes de tormenta que amenazan al empleo y también al bolsillo de los consumidores y por tanto en la capacidad de compra de los ciudadanos que se traduce en menos ventas para las empresas. O, ¿es que alguien piensa que las grandes empresas y los bancos no van a trasladar esta subida fiscal a sus clientes y a sus proveedores? Pues eso.