La Agenda del Cambio aprobada por el Consejo de Ministros incorpora la implantación gradual del sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente, conocido como ‘mochila austriaca’, a partir de 2020.

Este fondo permite a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. «Esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles», explican en el Gobierno.

También contempla la simplificación de contratos, con tres opciones: indefinido, temporal estructural y formativo.

La Agenda del Cambio está formada por 60 medidas en formación y capital humano, transición ecológica, avance científico y tecnológico, mercado laboral, igualdad y eficiencia de la Administración que sienten las bases de un crecimiento «sostenible e incluso» a medio y largo plazo.

Entre ellas, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, impulsar la lucha contra el fraude laboral; la revisión del sistema de prácticas no laborales en empresas y reconducir a los titulados con estudios finalizados a los contratos laborales en prácticas; simplificar y reducir la carga burocrática de los contratos de formación y aprendizaje y acercar los centros formativos a las empresas en colaboración con los agentes sociales y las comunidades autónomas.

El Gobierno contempla la reforma del sistema de Seguridad Social hasta el año 2024, en el marco del diálogo social, y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Se aprobarán medidas para el refuerzo de los ingresos, revisión de los gastos y de la cobertura de determinados colectivos y la adaptación de los diferentes parámetros del sistema. Junto al refuerzo del sistema público, el Gobierno tiene previsto desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores, así como la reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.

También habrá incentivos en el mapa de prestaciones y subsidios para impulsar la búsqueda activa de empleo, y se reforzarán las políticas activas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.

La Agenda del Cambio propone un nuevo Estatuto de los Trabajadores, reformas para garantizar la migración «ordenada, regular y segura», y un plan de retorno a España de los que tuvieron que irse en busca de oportunidades profesionales.

Impuestos directos más progresivos

La Agenda del Cambio propone el aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos, como ya ha llevado a cabo con la reforma del Impuesto de Sociedades o del IRPF en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y modificar la tributación de la riqueza, especialmente el Impuesto sobre el Patrimonio o las rentas del capital.

En la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, contempla la ampliación del listado de deudores a la Hacienda Pública, límites «más rigurosos» para los pagos en efectivo, prohibición del ‘software’ de doble uso o la creación de una unidad de control de grandes patrimonios.

Incluye también el impuesto sobre las transacciones financieras, ya aprobado y en tramitación parlamentaria, y una nueva «fiscalidad verde» en el marco de los Presupuestos. Y medidas para mejorar la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional.

El Gobierno busca reforzar los mecanismos de disciplina fiscal para «robustecer» la orientación de medio plazo de la política presupuestaria, vinculando «más estrechamente» los programas de estabilidad trianuales con el proceso presupuestario anual por niveles de administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos «preventivos y correctivos» de desviaciones de déficit de las administraciones públicas en todos sus niveles territoriales.

Establecer un mecanismo de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, de manera que se puedan valorar la eficiencia y eficacia para su rediseño si fuera necesario, es otro de los objetivos del Gobierno incluidos en la Agenda del Cambio.

Vivienda social

En materia de vivienda, la Agenda del Cambio propone ampliar en 20.000 propiedades el parque público de viviendas y por incrementar el parque de vivienda social o asequible desde el 2% actual al 8% en 2030. Quiere movilizar el suelo público para crear propiedades sociales o asequibles o poner en marcha instrumentos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la promoción de viviendas en alquiler

Además, recoge la reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible en coordinación con las comunidades autónomas, con la intención de configurar un parque de vivienda social o sujeta a protección que esté al servicio de las políticas públicas de vivienda. Y apuesta por impulsar medidas de agilización de trámites de concesión de licencias de obras para impulsar la construcción de viviendas o por actuaciones en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la información sobre oferta de vivienda en alquiler y sobre la demanda.

La Agenda del Cambio también incluye el plan de modernización del comercio minorista 2019-2020, la estrategia España Nación Emprendedora, la Ley de ‘startups’ y la Ley de transformación digital en el ámbito del sector financiero (sandbox) este año.