Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el denominado Ecofin, han llegado a un acuerdo para dar más poder a las instituciones de supervisión del sistema financiero, especialmente para luchar contra el blanqueo de capitales en la banca.

La Comisión Europea presentó en septiembre de 2017 su propuesta para reformar la Autoridad Europea de Valores y Mercados (Esma), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (Eiopa), creadas en 2010 como respuesta a la crisis financiera internacional generada en el verano de 2007 con el desplome del mercado de las hipotecas subprime en EEUU y su extraordinariamente rápido contagio a los mercados occidentales.

Un año después, tras los escándalos de blanqueo de capitales en el holandés ING, el Danske Bank y el letón ABLV, la Comisión Europea hizo propuestas para reforzar las competencias de la EBA en la lucha contra el lavado de dinero con el fin de paliar los fallos en el control por parte de los supervisores nacionales.

La EBA podrá dirigir decisiones directamente a bancos individuales, siempre como último recurso y en caso de que las autoridades de supervisión nacionales no actúen. También evaluará las estrategias de los supervisores nacionales frente a los riesgos de blanqueo y recogerá información de estos reguladores sobre las debilidades que identifiquen en la lucha contra el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

Y desarrollará estándares comunes de supervisión, coordinará la actuación de las autoridades nacionales y facilitará la cooperación con terceros países en casos transfronterizos.

Las medidas relativas a la EBA habían sido aprobadas ya en diciembre a nivel de embajadores y buscan subsanar unas deficiencias en la supervisión nacional que han llevado al Banco Central Europeo a defender incluso la creación de una agencia europea específica contra el lavado de dinero.

El acuerdo alcanzado en el Ecofin da más poder a la Ema que asumirá la vigilancia directa de ciertos «índices críticos» y de los proveedores de información consolidada, servicios que ofrecen datos del comercio con acciones y otros instrumentos financieros.

El Ecofin exige  reforzar la cooperación entre los supervisores europeos y los reguladores nacionales, como la CNMV, y que se preste más atención a las actividades transfronterizas.

El Ecofin ordena la elaboración de un plan estratégico de supervisión en el ámbito de la UE, y refuerza mecanismos ya existentes, para mejorar la convergencia en materia de supervisión y aumentar la eficiencia de los procesos de vigilancia.

El Parlamento Europeo debatirá las decisiones del Ecofin a partir del 14 de febrero.