La descarbonización, el cierre ordenado de las centrales nucleares y las fuertes inversiones en energías renovables son las bases del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que, según la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, llevará al Consejo de Ministros el 22 de febrero. Pese a las dudas que se plantean en el panorama político, ante la posible adelanto electoral, el Gobierno no quiere abandonar sus objetivos de política energética, en los que lleva trabajando casi desde su llegada a la Moncloa.

Está también el compromiso con las autoridades de Bruselas, que ya han tenido que aceptar un cambio de fecha para el entrega del documento, que recoge los compromisos de España en la materia, especialmente en la reducción de las emisiones de CO2. El borrador del plan será enviado a la Comisión al tiempo que será registrado en el Congreso.

Las inversiones en renovables y en otros activos energéticos relacionados en primer lugar, con la eficiencia energética se elevarán a 200.000 millones de euros hasta 2030. Esta movilización de dinero servirá, según estudios internacionales, para que España sea el segundo país del área comunitaria que más empleo genere en la renovación energética que ha emprendido Europa.

El plan, si se lleva a cabo, cambiará más que de forma sustantiva el mix de generación en España. El objetivo expresado por Ribera es que las energías renovables aporten el 70% de la generación eléctrica en 2030. Y será en base, además de la materialización de los proyectos, por el fin programado de otras tecnologías.

El objetivo de cero emisiones para 2050 implica también que las empresas deberán controlar las inversiones en gas natural, aunque la caída será más espectacular en el uso del petróleo. El plan incluye un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990. El Gobierno tiene también ultimado la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que fijará el marco regulatorio, que será, en su opinión, “relativamente sencillo”