El contrato de formación apenas forma a los más jóvenes

13/02/2019

Luis M. del Amo. Solo un tercio de los firmantes en 2018 responden al perfil inicial de jóvenes sin estudios.

Apenas un 36% de los trabajadores que firmaron el año pasado un contrato de formación se correspondían con el perfil inicial pensado para este tipo de contrato. Según Comisiones Obreras (CCOO), este contrato ha dejado de servir para integrar y cualificar laboralmente a los más jóvenes sin estudios. Y ha pasado a utilizarse como una instrumento de empleo barato y sin derechos, masivamente utilizado por las empresas y agencias de formación.

CCOO reclama la reforma en profundidad de un contrato ideado en su origen para facilitar el acceso al empleo de las personas más jóvenes, con pocos o ningún estudio. Un contrato dirigido en principio a los menores de 25 años, pero que el año pasado apenas dio empleo al 46% del total de sus firmantes en esta franja de edad; después de que el Gobierno reformara en 2012 los requisitos para su uso, ampliando hasta los 30 años su universo de destinatarios y dopando con ayudas y bonificaciones su utilización, ligada al programa europeo de Garantía Juvenil.

El informe destaca el fuerte crecimiento experimentado en 2018 por el contrato de formación, un 9% más que en 2017, frente al aumento del 3% registrado para el total de las contrataciones.

CCOO recuerda que el contrato para la formación y el aprendizaje nació para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas más jóvenes y con menores niveles de cualificación. Sin embargo, añade el sindicato, su utilización actual “se aleja de los buenos propósitos iniciales”. Y sus resultados “difieren mucho de los logros esperados”. Además, es un contrato que consume “muchos recursos públicos”, lo que lo hace, completa la central, merecedor de un “rotundo suspenso”.

Utilización “perversa”

El contrato de formación compone, junto al contrato en prácticas, la batería de medidas encargadas de facilitar la transición al empleo de los jóvenes. Básicamente el contrato de formación se pensó para insertar y cualificar a los jóvenes con pocos estudios; mientras que el contrato de prácticas se orientaba a la inserción laboral de los universitarios.

Sin embargo, mientras que el contrato de prácticas ha tenido pocas modificaciones legales, y su utilización se mantiene estable en el tiempo, el contrato de formación ha sufrido incontables reformas que han terminado por desvirtuar su contenido, sostienen desde el sindicato.

Para el sindicato, en su concepción actual, esta modalidad contractual sigue siendo una fuente de “precariedad” y de “vulneración de derechos”. “Por derecho, solo las personas con título universitario o formación profesional de grado medio o superior o equivalente, pueden formalizar un contrato en prácticas. Por tanto, este colectivo está excluido del contrato para la formación. Sin embargo, no ha sido así”, afirman.

De hecho un 11% de estos contratos se realizaron en 2018 a personas con formación profesional o estudios de grado, supuestamente por carecer de cualificación relacionada con dicha ocupación. “Esto posibilita que una mujer con la carrera de Medicina pueda ser contratada como camarera”, afirma Lola Santillana, responsable de CCOO.

Mientras tanto, apenas el 36% de los contratos en ese período se formalizaron con personas sin estudios o con estudios primarios; algo que resulta “inadmisible” para el sindicato.

Abuso en el comercio

Por otro lado, tampoco estos contratos parecen haber mejorado las oportunidades de los jóvenes para encontrar un empleo de calidad. Según CCOO, el sector servicios acapara este tipo de contratos, y lo hace en ocupaciones relacionadas con la restauración. “Son dependientes de tiendas, camareros, limpiadoras de hotel (‘kellys’), personal de limpieza y peones”, añade Santillana.

Desde la reforma laboral de 2012, el Gobierno del Partido Popular introdujo medidas que flexibilizaron los requisitos de edad, relajaron los de formación, a la vez que se introdujeron incentivos económicos para impulsar estos contratos.

Los incentivos económicos a esta contratación han consumido una parte muy importante de recursos públicos. “Ha sido así porque el anterior Gobierno del PP no escatimó en bonificaciones y liberalización de requisitos a las empresas, sin que un balance de los efectos en el empleo y en la empleabilidad de las personas lo justificara”, añade Santillana.

Según estimaciones realizadas por CCOO, el gasto de dinero público supera los 2.000 millones de euros entre los años 2013 y 2018.

“Dado que los contratos de formación y aprendizaje juvenil paradójicamente no han ocupado a los más jóvenes, como era su finalidad, ni han mejorado su cualificación e inserción en el mercado laboral, reclamamos al Gobierno una reforma del contrato para la formación que responda a los fines de la formación profesional dual, que sea acordada con las organizaciones sindicales y las empresariales”, concluyen.

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