Primero la noticia: el Congreso de los Diputados tumbó los Presupuestos Generales del Estado para este año por 191 votos en contra frente a 158 a favor y una abstención. Con ello puso fin a la legislatura, obligando al presidente Pedro Sánchez a disolver el Parlamento y convocar elecciones generales, posiblemente en abril para no perjudicar a los barones autonómicos ni interferir a los comicios del 26 de mayo. De este modo, la decisión de los independentistas catalanes de no respaldar a Sánchez pone fin a nueve meses de gobierno en los que los socialistas con el apoyo de Podemos y el PNV han intentado revertir los recortes sociales, elevado de ochocientos a novecientos euros el salario mínimo, rescatado la sanidad universal, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes, la subida de pensiones conforme al IPC, la prestación a los parados de más de 52 años y, entre otras medidas de justicia social y achique de la desigualdad, incrementado de las becas y la reposición al cien por cien de las bajas en las plantillas de empleados públicos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió con energía y acierto los Presupuestos frente a las enmiendas de devolución de los nacionalconservadores y liberales del PP y C’s por un lado y de los nacionalistas catalanes dizque de izquierda (ERC) y derecha (PDCAT) por el otro. Dotada de verbo fluido y precisión técnica, la correosa ministra se fajó el martes durante las seis horas con los líderes nacionales, a los que importaba un rábano las cuentas del reino, y con los nacionalistas catalanes, a los que importaba más la vista oral abierta en el Tribunal Supremo y el “tío páseme el rio” de la Fiscalía a los que se saltaron la ley.

La energía de Montero se estrelló contra los de la bandera nacional, la unidad de España y las elecciones generales ya. Lógico. A voluntad determinada excusado es consejo. La ministra no pudo convencerlos de la corrección de unos Presupuestos sociales que por vez primera revierten los recortes que sufrimos durante la crisis. Los dividendos y divisores nacionales y nacionalistas iban a lo suyo. A los nacionales les importa menos la traición a todos los españoles que, como dijo el valenciano de Compromís, Joan Baldoví, supone la corrupción, que la supuesta felonía del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de dialogar con los independentistas catalanes para aplacar sus ínfulas y buscar soluciones al problema catalán.

No importa si, cómo han repetido ad nauseam los dirigentes del PSOE, la lealtad constitucional está acreditada y nada es negociable extramuros de la Constitución. O si los catalanes y el resto de los españoles con dificultades para llegar a fin de mes son mejor tratados que hasta ahora en estos Presupuestos por los responsables de la res pública. Para unos y otros, lo importante es la confrontación y la renta electoral que calculan obtener de la crispación. Si la política es la sustitución de la guerra por la palabra y la argumentación para encontrar la síntesis o solución a los problemas, estamos ante un ato de políticos mediocres. Los del ruido y la furia jamás en la historia aportaron nada que no fuera más odio, más ruina y más dolor.

Con trazo grueso se refirió Baldoví a las derechas nacionales, a las que acusó de enfrentar a la gente y “revolcarse en la mierda”, al tiempo que reclamó a los secesionistas catalanes que retiraran sus enmiendas y se avinieran a razones. No fue posible, pues como dijo el vasco Aitor Esteban, tanto les daba que les pusieran unos Presupuestos que un botijo. Un poco apenada, la ministra Montero, que se fajó con los adversarios durante las diez horas de debate y no dejó pasar ni una, incluida la defensa de la barriada sevillana de Las Tresmil Viviendas, a la que la canaria Ana María Oramas se refirió con retintín barriobajero, descubrió el adagio ruso de que enseñar a cantar a un cerdo es perder el tiempo y aburrir al cerdo.

Tras la votación se retiró un Sánchez periclitado a La Moncloa a rumiar su derrota y realizar las consultas a las que se había comprometido para fijar la fecha electoral. Descartada la cuestión de confianza, con el juicio a los impulsores del “procés” viento en popa, Sánchez y los del PSOE ya saben cuál será el eje de la campaña electoral de las derechas tras la demostración de fuerza en la madrileña plaza de Colón: meterles el dedo en la laringe para que digan si van a indultar a los secesionistas catalanes cuando sean condenados.