El BBVA tiene hasta el lunes 18 de febrero para entregar en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los informes que obren en su poder sobre los trabajos que ha realizado para el banco el comisario jubilado y actualmente en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Tras requerir documentación a los medios de comunicación que informaron sobre la existencia de contratos por los que Villarejo ha espiado para el BBVA entre 2005 y 2017, la etapa en la que presidía el banco Francisco González (más conocido como FG), el juez Manuel García Castellón ha exigido al banco toda la documentación  sobre este asunto.

El BBVA replica que «ha colaborado y colaborará con las autoridades judiciales, respetando los principios y garantías que rigen los procedimientos judiciales».

En su último informe anual de gobierno corporativo, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se refiere a este asunto como una «contratación de actividades presuntamente irregulares que, de confirmarse, podría tener un impacto reputacional negativo para el banco». Y admite que del caso pueden derivarse «procedimientos y acciones judiciales o regulatorias contra el banco».

El banco también reconoce que el sistema de retribución de toda su alta dirección contempla que se le pueda retener el bonus o incluso reclamar importes ya pagados en caso de que se detecten conductas irregulares, fraudes, incumplimientos graves del código de conducta o si hay sanciones judiciales y regulatorias.

En 2018, en su último año al frente de BBVA, FG generó un bonus de 2,64 millones de euros que está sujeto a estas cláusulas de recuperación. Y tiene pendiente de cobro cantidades diferidas de 2016 y 2017, que ascienden a 3 millones de euros.

El banco lleva investigando el asunto desde junio de 2018, cuando encargó al bufete Garrigues una valoración externa de la información y documentación. En enero, tras conocerse las primeras informaciones sobre el espionaje a Sacyr (que en 2005 intentó controlar el banco), CNMV, periodistas y otras personas e instituciones, reforzó esa investigación con el despacho Uría Menéndez y la firma de auditoría y consultoría PwC.

Ésta trabaja en la realización de un informe ‘forensic’ al que ha destinado un equipo de más de 40 personas especializadas y dedicadas en exclusividad a este asunto.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, pide esperar a conocer las conclusiones de ese informe, y de la investigación “profunda y exhaustiva”, y promete que  «el banco actuará con absoluto rigor y diligencia, pero es muy importante que dejemos que los expertos hagan su trabajo».