UGT y CCOO han vuelto hoy a insistir a Pedro Sánchez para que tumbe las reformas laboral y de pensiones del PP, e implante un control horario en las empresas que dificulte la realización de horas extras ilegales. Por su parte, los funcionarios, tras conocer la decisión del jefe del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales al 28 de abril, han urgido al Gobierno a cumplir sus compromisos con relación a oferta de empleo público y algunas mejoras, como la ampliación del permiso de paternidad.

Los sindicatos de clase exigen al jefe del Ejecutivo que apruebe ya, durante los dos Consejos de Ministros restantes – sin contar el de hoy – antes de que el Gobierno pase a estar en funciones, los cambios pactados en la mesa de diálogo social, sin el apoyo de CEOE.

En concreto, los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, han defendido este viernes la necesidad de derogar la reforma de pensiones de 2013, recuperar la prórroga indefinida y automática de los convenios vencidos o ultraactividad y obligar a las empresas a implantar sistemas de control horario que permitan luchar contra las horas extras no pagadas.

CEOE deplora la “parálisis”

En cambio, la patronal CEOE lamentó el nuevo momento de “parálisis” que se abre con el nuevo proceso electoral, ya que, según la responsable de sanidad y asuntos sociales de la patronal Cristina Contel, el cambio de Gobierno implica retrasos en las negociaciones debido a los cambios de interlocutores que participan en las diferentes mesas donde participan el Ejecutivo y la patronal.

Entre los trabajadores públicos, el adelanto electoral también despierta recelos. Así, el sindicato de funcionarios CSIF ha recordado al Ejecutivo sus compromisos en materia de oferta de empleo público o la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019, y ha confiado que el Gobierno saliente cumpla esa agenda de mejoras pactada.

Por último los autónomos de ATA han llamado a los grupos políticos a recuperar el espíritu de la Transición tras las elecciones del 28 de abril, a fin de llegar a consensos que ofrezcan estabilidad.

Sánchez culpa a los nacionalistas

Por su parte, el presidente Sánchez, tras anunciar el adelanto de elecciones, ha reprochado a los partidos nacionalistas catalanes su voto en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, junto al “bloqueo” de la derecha, afirmó, ha precipitado la caída del Gobierno actual. En concreto, el aún jefe del Ejecutivo ha recordado una batería de medidas que no entrarán en vigor a consecuencia de la retirada de las cuentas públicas, como la recuperación del subsidio a los 52 años y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de los dependientes.

Otras medidas que no entrarán en vigor por la retirada de las cuentas son el incremento del 2% del Iprem – Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples – que sirve de referencia a la hora de conceder ayudas, becas y subvenciones; y cuya subida se limitará a un 1%, según se fija en los Presupuestos de 2018 prorrogados.

Tampoco entrará en vigor el incremento del 60% en los fondos dedicados a la dependencia, esto es 2.232 millones; ni la ampliación de cinco a ocho semanas en el permiso de paternidad con carácter general.