El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha detectados prácticas indebidas en el 65% de las empresas del sistema de formación bonificada. El ente público – que apenas supervisó a un cuarto de estas empresas – reclamó a estas empresas 40 millones de euros, casi seis veces más que la cantidad reclamada el año anterior, a unas 74.000 empresas, según un informe elaborado con datos públicos del sindicato Comisiones Obreras (COO).

El número de empresas que formaron a sus trabajadores mediante este programa de formación bonificada cayó un 7% respecto a la convocatoria anterior, hasta cerca de 300.000 empresas. Para el sindicato, la bajada en el número de empresas participantes se debe a la retirada de 12.000 empresas muy pequeñas, de menos de 5 trabajadores.

Sin embargo, a pesar del descenso, las cantidades reclamadas por el SEPE a las empresas por irregularidades se multiplicaron casi por seis, hasta los 40,7 millones de euros, afectando a un 25% del total de empresas de este sistema; esto es, unas 74.000.

Y ello a pesar de que el seguimiento del SEPE se limita a apenas un cuarto del total de empresa que participan en este sistema de formación para el empleo, al que se dedican unos 600 millones de euros.

El informe del sindicato culpa a la reforma del sistema, aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2015, de los datos negativos de 2017. Y destaca que, entre las grandes empresas, apenas un 54% del total de compañías no presentaron incidencias; frente al 77% entre las pymes.

“La gran empresa incumple más que la pequeña”, afirma Lola Santillana, responsable de formación del sindicato que reclama más control sobre los fondos destinados a formación bonificada.

Sin embargo, la reclamación de cuantías entre las pymes alcanza nada menos que un 90% de las cotizaciones bonificadas.

Reforzar el control

El sindicato critica que, tras la reforma de 2015, la formación de este sistema se decanta por cursos “muy cortos”, de carácter “genérico” y con un volumen “alto y creciente” de incidencias. “Es necesario reforzar los mecanismos de control dentro y fuera de la empresa”, insiste.

“El automatismo y la falta de justificación de las bonificaciones por formación favorece su práctica irregular”, abunda Santillana, quien esgrime los datos de los 32.500 participantes anulados en 2016, debido a no tener ninguna relación relación con la empresa, estar en el desempleo, no dados de alta, o por pertenecer a otra empresa distinta de la beneficiaria del programa. “Llama la atención cuando es una iniciativa para que las empresa forme a los trabajadores”, subraya.

Según CCOO, el sistema de formación profesional nacido de la ley de 2015 “sigue sin dar respuesta” a la pequeña empresa y a los trabajadores. “La empresas que se atreve a formar tiene una probabilidad muy alta de enfrentarse a una reclamación por cantidad con los consiguientes recargos”, denuncia.

Desde 2015, la participación de pymes con menos de 10 trabajadores se ha reducido un 32%, critica el sindicato.